Desde sus comienzos,
los sistemas educativos proclamaron su intención de “formar al ciudadano”, y
promover la convivencia democrática, por lo que es evidente, que estamos en
presencia de una de las dimensiones constitutivas de la “Calidad Educativa”
¿En qué consiste la Educación para la Ciudadanía? ¿Cuál es la incidencia de la
desigualdad social? ¿Cuál es la situación
de la región sobre la formación ciudadana? ¿Cuáles son los principales desafíos
de la región en educación ciudadana?
Desde que se establecieron los modernos sistemas
educacionales, sus promotores defendieron la noción de que la educación masiva
contribuiría a la difusión y consolidación de la sociedad democrática “formando
al ciudadano” soberano. Tan fundamental como la alfabetización y la adquisición
de la matemática básica, fueron los propósitos de producir identidad nacional y
sentar las bases para la convivencia democrática. Dada la centralidad de este
objetivo, la educación para la ciudadanía debería ser vista como un aspecto
medular de lo que actualmente se denomina “calidad de la educación”.
El objetivo de la educación para la ciudadanía se hizo
explícito ya en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y se
reforzó en la Convención sobre los derechos del niño (1989) así como en otros
acuerdos internacionales. El derecho a la educación implica la formación en el
respeto de los derechos humanos, conocimiento y respeto por la propia identidad
cultural así como por culturas diferentes. Asimismo, los niños deben prepararse
para ser ciudadanos responsables aportando a un contexto de paz, tolerancia e
inclusión (Artículos 28 y 29, Convención derechos del niño, 1989).
La educación para la ciudadanía se reconoce actualmente, junto
con los logros en los aprendizajes académicos, como uno de los objetivos de los
sistemas educativos, el cual incluye conocimientos, habilidades y actitudes que
permitan a los estudiantes un actuar cívico, ejercer sus derechos y participar
en la sociedad.
Adicionalmente, las transformaciones que marcan a las
sociedades del siglo XXI, especialmente la globalización y los avances en las
tecnologías de la información y la comunicación, han implicado una creciente
diversidad en las sociedades y exigen una nueva reflexión sobre los significados
que implica la ciudadanía y el rol de los ciudadanos, todo lo cual ha hecho que
la formación para la ciudadanía adquiera renovada relevancia. Dichas
transformaciones también relevan la necesidad de formar personas capaces de
comprender esta nueva sociedad, adaptarse a los rápidos cambios e insertarse
como sujetos activos y productivos en la sociedad (CEPAL).
La formación ciudadana abarca el desarrollo de diversas
habilidades y actitudes. Schulz et al. señalan que la educación para la ciudadanía
implica tanto el conocimiento como oportunidades reales de participación e
involucramiento tanto en la sociedad cívica y civil. Se enfoca en las diversas
maneras que tienen las personas de relacionarse entre ellas y cómo definen sus
comunidades y sociedades. Esto se refiere tanto a la participación en
instancias políticas formales (dimensión cívica) como el involucramiento y
participación en actividades de la comunidad de carácter local (dimensión
civil).
La educación para la ciudadanía también se vincula con la
desigualdad social. En efecto, dentro de los factores que influyen en los
resultados de la educación para la ciudadanía, uno de los más relevantes es el contexto
socioeconómico de donde provienen los estudiantes. Investigaciones señalan que,
dentro de las variables que tienen un impacto en la educación para la
ciudadanía, la desigualdad social es un factor de contexto importante,
específicamente en el ámbito de la participación política. En este sentido, se
observa una asociación entre mayor estatus socioeconómico y mayor nivel
educacional de las personas con una más alta participación política, lo cual
favorece la representación de las necesidades e intereses de los sectores de mayores
ingresos.
Situación de la
región sobre la formación ciudadana.
La educación para la ciudadanía y el real ejercicio de los
derechos cívicos de las personas se encuentra en América Latina con una situación
paradojal, marcada por un fuerte contraste entre los progresos en materia
política y la persistencia de fuertes inequidades sociales. Durante las dos
últimas décadas, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se han
caracterizado por haber recuperado y mantenido gobiernos democráticos, pudiendo
elegir a sus gobernantes a través de procesos electorales pacíficos y
periódicos, aspecto central de la ciudadanía. En contraste, la región muestra una
importante desigualdad ante el acceso a la justicia social, con altos niveles
de pobreza, crecimiento económico importante aunque con importantes diferencias
en la distribución de ingresos, y un descontento respecto a la democracia
actual (PNUD, 2004).La desigualdad social característica de la región,
repercute de manera negativa en la confianza de los ciudadanos hacia la clase
política y la capacidad de las instituciones públicas para responder a las
demandas sociales. Los jóvenes latinoamericanos en particular, tendrían una
cierta apatía y falta de compromiso respecto a los procesos democráticos,
incluso el 55% de ellos argumentan que sería aceptable un régimen autoritario
si es capaz de resolver los problemas económicos de la sociedad (PNUD, 2004).
El estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana,
ICCS-2009, conducido por la Asociación Internacional para la Evaluación de
Logros Educacionales (IEA), investigó en profundidad los modos en los cuales
los jóvenes de diferentes países estaban siendo preparados para asumir su rol
como ciudadanos. El estudio indagó en el conocimiento cívico adquirido por los
alumnos, su percepción sobre las instituciones públicas, las formas de
gobierno, la corrupción, el respeto a las leyes, y su disposición hacia formas
de coexistencia pacífica. De América Latina, solo México, Guatemala, República
Dominicana, Colombia, Paraguay y Chile participaron en el ICCS-2009.
Una de las principales conclusiones del estudio es el
contraste entre el currículum prescrito y los aprendizajes reales de los
alumnos. Así, si bien en los currículos de cada uno de los 6 países
participantes de la región está claramente presente la preocupación por
construir y fortalecer sociedades más democráticas, inclusivas y pacíficas
(temáticas relativas a la formación ciudadana), el conocimiento cívico de los
estudiantes latinoamericanos es comparativamente bajo. Según ICCS-2009, el
promedio de la región se ubicó media desviación estándar por debajo del
promedio del total de países participantes en el estudio. En particular, en 5
de los 6 países latinoamericanos que participaron en el estudio, más de la
mitad de los jóvenes se encontraba en el nivel más bajo de conocimiento cívico,
lo que implica que no conocen los conceptos de democracia participativa como
sistema político, ni tienen conocimientos claves sobre las instituciones, sistemas
o conceptos cívicos.
El nivel socioeconómico está positivamente asociado con el
conocimiento cívico, y es un factor relevante para explicar las diferencias en
el conocimiento cívico entre los estudiantes y entre los países. El estudio
ICCS-2009 encontró una correlación tanto entre los factores de contexto de la
familia y de la escuela con el conocimiento cívico de los alumnos, como entre
el nivel de desarrollo económico y el nivel de conocimiento cívico en los
países. Sin embargo, factores internos de los sistemas escolares también
podrían explicar estas diferencias. En el caso latinoamericano, los bajos
niveles de conocimiento cívico podrían también explicarse por una baja
importancia real otorgada a estos temas en las escuelas y por problemas relacionados
con los procesos de enseñanza de la educación ciudadana.
Otro hallazgo relevante, es que si bien existe un rechazo a
los gobiernos autoritarios, más de la mitad de los jóvenes latinoamericanos
justifica las dictaduras bajo ciertas circunstancias, siendo los hombres más
que las mujeres los que muestran más disposición a los gobiernos autoritarios. Lo
mismo ocurre con la disposición a acceder a prácticas de corrupción y
desobediencia de la ley en ciertas circunstancias. En este contexto es
importante destacar que los estudiantes con mayor conocimiento cívico tienden a
no aceptar las dictaduras o las justificaciones para desobedecer las leyes.
Asimismo, en términos de percepciones, los jóvenes
latinoamericanos tienden a desconfiar de los partidos políticos, los tribunales
de justicia y la policía, aunque en este tópico se encuentran diferencias más
marcadas entre los países.
Por último, en términos de sus disposiciones –y en un
marcado contraste con los hallazgos anteriores– el estudio ICCS-2009 encontró
que los jóvenes latinoamericanos presentan actitudes positivas hacia su nación
y un alto sentido de identidad regional; expresan empatía hacia las personas
que se encuentran en dificultad o que pertenecen a grupos minoritarios; y se
muestran preocupados por la necesidad de construir sociedades más justas,
inclusivas y democráticas. Estas disposiciones de los jóvenes contienen el
potencial de una actitud cívica positiva, orientada por los asuntos del bien
común y la justicia social, que podría ser mejor capitalizada por las
instituciones escolares de la
región. Por cierto, los recientes movimientos estudiantiles
ocurridos en varios países de la región son una constatación de esta voluntad
de los jóvenes de participar cívicamente y promover cambios que mejoren sus
condiciones y las del sistema educacional en general.
Principales desafíos
de la región en educación ciudadana
América Latina ha presentado un desarrollo importante en las
últimas dos décadas, el crecimiento económico ha sido sostenido y la generación
joven es la que ha recibido más educación en la historia de la región. Sin embargo,
la inequidad social continúa siendo un obstáculo importante para la sociedad
latinoamericana. Esta desigualdad social, presenta un importante obstáculo a la
educación para la
ciudadanía. El descontento social que esta inequidad conlleva,
junto a la buena disposición de los jóvenes latinoamericanos hacia los temas
sociales, puede ser una oportunidad para potenciar una transformación hacia la
participación e involucramiento político de los jóvenes, que permita poner en
relieve las necesidades de los grupos más marginados de la sociedad apuntando
hacia el bien común. Tal como lo señala el estudio ICCS-2009, mejorar el
conocimiento cívico de los estudiantes es un paso importante para fortalecer la
democracia y la sociedad civil en Latinoamérica.
Para esto, es necesario darle mayor importancia a la
educación ciudadana, que tiende a ser postergada por las políticas
educacionales que adoptan un foco reduccionista sobre los aprendizajes
escolares. Más aún, una aproximación más comprehensiva debería cambiar el paradigma
desde una educación cívica basada principalmente en adquirir conocimientos
respecto al funcionamiento del gobierno y sus instituciones, hacia la educación
ciudadana que implica el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes
para la participación ciudadana y política; complementando y otorgándole
sentido a la formación académica, a fin de que los estudiantes no solo aprendan
contenidos, sino a mejorar sus relaciones sociales y su involucramiento en la
sociedad de la que son parte.
Respecto de la aproximación curricular hacia la educación
para la ciudadanía hay opciones que tomar. En un estudio reciente, que analiza
los contenidos curriculares referidos a la educación ciudadana de los 6 países
participantes en el ICCS-2009, se observa una variabilidad entre currículos que
enfatizan la dimensión civil, como el caso de Colombia donde destacan contenidos
relativos a la convivencia pacífica, valores cívicos e inclusión social; y por
otro lado currículos como el de México, Paraguay o Chile, donde el acento está
puesto en la dimensión cívica, como por ejemplo formas de representación,
participación democrática, voto y rendición de cuentas.
Estas aproximaciones curriculares deben luego expresarse en
programas efectivos a nivel escolar. En la región algunos países han puesto
especial énfasis en la educación cívica y ciudadana, enfatizando principalmente
competencias como la tolerancia a la diversidad, el respeto por la vida y los
derechos humanos, la responsabilidad por las propias acciones y la comunidad. Un
ejemplo de esto es el programa nacional Competencias Ciudadanas de Colombia,
con el que se busca hacer frente al problema de la violencia en el país. Este
programa refleja esta nueva visión de la educación cívica que requiere generar
competencias, como una manera de educar para ser y saber hacer.
Incluso en materia de contenidos, es necesario que la
educación ciudadana amplíe su foco –tradicionalmente circunscrito a la
institucionalidad política–, para incluir temáticas sociales como la equidad,
el medioambiente y los derechos humanos. Asimismo, es recomendable que estos
contenidos se inserten de manera transversal en todos los niveles de enseñanza,
incluyéndose en el currículo de distintas asignaturas. Más aún, la
incorporación de enfoques como la educación para el desarrollo sostenible (en
que la región se encuentra apenas en sus inicios) tiene el potencial de
expandir este concepto hacia uno de ciudadanía global, resaltando el sentido de
responsabilidad y solidaridad planetaria e intergeneracional.
Finalmente, es fundamental atender a la organización, y el
clima escolar y pedagógico de las escuelas, de manera que exista coherencia
entre lo que se enseña y lo que se practica y vive en ellas. Cuando existe esta
coherencia y las relaciones entre profesores y alumnos son adecuadas, la
comprensión sobre la democracia es más directa. Esto vincula los desafíos de la
educación ciudadana con los de clima escolar antes discutidos. Sin embargo, Cox
et al., basándose en encuestas aplicadas en varios países, señalan que en la
región existirían elevados niveles de rechazo a la diversidad por parte de los
docentes, lo que dificultaría la enseñanza para la ciudadanía y la democracia.
La promoción de la educación cívica en este aspecto, debiera
también incluir una mayor difusión y consolidación de las formas de organización
y participación estudiantil, especialmente en los establecimientos de educación
secundaria. Históricamente en varios países de la región las organizaciones
estudiantiles han jugado un papel importante en la promoción de cambios
educativos y sociales; más aún, los recientes movimientos estudiantiles que se
han sucedido en varios países de la región demuestran el enorme potencial
cívico que estos procesos tienen. El sistema escolar debiera ser capaz no solo
de “procesar las demandas” de los estudiantes como grupo de presión, sino de
aprovechar esta como una oportunidad de afianzamiento de la educación para la ciudadanía
en su sentido más integral.
Extraído de:
Situación Educativa de América Latina y el Caribe:
Hacia la educación de calidad para todos al 2015
Oficina de Santiago
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
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