Estos meses de pandemia han significado un desafío sui generis para las organizaciones y personalidades que defendemos el derecho humano a la educación. La velocidad y novedad de los acontecimientos han retado perspectivas, generado una turbulencia epistémica sin precedentes.
Durante los últimos años se habían ignorado muchas
de las advertencias sobre un escenario como el que vivimos con el COVID-19, de
impacto profundo de la aceleración científica-tecnológica en la educación. La
masividad de la virtualidad y el desembarco de las propuestas educativas
digitales se han presentado en oposición a la presencialidad y no, como
realmente son, un complemento epocal del trabajo pedagógico en las aulas. Esto
por supuesto está asociado a nuevas formas de privatización y mercantilización
en curso, tendencias que amenazan con profundizar exclusiones y odiosas
segmentaciones.
Les docentes han tenido que asumir contingentemente
el desarrollo de modelos de aprendizaje determinados por el acceso o no, a la
virtualidad. El sostenimiento del vínculo pedagógico ha demandado un renovado
vínculo entre docentes, familias y estudiantes que debe servir para repensar la
educación en la post pandemia.
En este contexto se realiza la XI Asamblea de la
CLADE. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
constituye la más importante coalición y convergencia de voluntades y
experiencias en defensa del derecho a la educación, por ello, esta Asamblea es
crucial para fortalecer y ampliar las correlaciones de fuerzas existentes en
esta dirección.
- ¿Qué es el derecho humano a la educación?
La perspectiva que defendemos del derecho a la
educación es de carácter amplio y, considera que su cumplimiento pleno está
asociado a los avances en los demás derechos; es decir, reivindica su
intersectorialidad, interdependencia y complementariedad.
Se reivindica el papel del Estado como garante de
este derecho, lo cual implica la obligación que tienen los gobiernos de
proporcionar condiciones de igualdad para desarrollar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, procurando con ello disminuir el impacto en lo educativo
de las múltiples asimetrías y exclusiones que caracterizan a las sociedades.
Cuando se quiere verificar cuál es el nivel de
cumplimiento de un país, respecto al derecho humano a la educación, existen un
conjunto de elementos y parámetros a tomar en cuenta. Estos son:
Primero, que cuente con un marco jurídico para
normar el cumplimiento de este derecho, de rango Constitucional y orgánico,
desarrollado en leyes y normas especiales, en correspondencia con los preceptos
y definiciones alcanzadas en las convenciones internacionales;
Segundo, la capacidad institucional con
la que cuente el Estado para instrumentar ese marco jurídico. Los Ministerios
de Educación o sus equivalentes, suelen ser las instancias encargadas de
instrumentarlo, para lo cual deben contar con instancias y dependencias que
garanticen el desarrollo en sus dimensiones de financiamiento, pedagógicas,
formación docente, infraestructura y equipamiento, planes y programas,
supervisión y gestión, sistema escolar y perfiles profesionales de egreso,
calidad y pertinencia.
Desde nuestra perspectiva, la calidad educativa se
debe realizar con una praxis de educación emancipadora y liberadora, con
pensamiento crítico para potenciar las capacidades de transformación radical de
la sociedad, perspectiva de género y anti patriarcal, ética ecológica y
solidaridad;
Tercero, que cuente con presupuesto público suficiente
para garantizar la inclusión educativa, con un piso mínimo del seis por ciento
(6%) del producto interno bruto (PIB) del país. En este aspecto es importante
desglosar el uso del presupuesto en educación, para que su ejecución y las
prioridades que se determinen, sean el resultado de un amplio consenso social;
Cuarto, la suficiencia del presupuesto es
vinculante y se constata por: a) la capacidad para crear y sostener
tantas instituciones educativas como se requieran en cada uno de los
territorios, adecuadamente equipadas con materiales y equipos acordes para las
distintas labores pedagógicas, b) políticas y programas de compensación para
disminuir y hacer desaparecer las desigualdades para el aprendizaje de los
estudiantes producto de limitaciones preexistentes en el acceso a otros
derechos, c) un sistema de remuneración y condiciones de trabajo del
personal docente acorde con la elevada y digna labor que realizan, d)
un sistema educativo que garantice educación como continuo humano,
con expresiones nítidas en la cobertura y prosecución,
f)una red de centros de formación docente (inicial y continua)
que garantice la adecuada y actualizada calificación de maestras, profesores y
personal que coadyuva al proceso educativo, entre otros elementos;
Quinto, el vínculo de la educación con la
calidad democrática de un país, las posibilidades de contribuir al buen
vivir de los ciudadanos, la paz y la felicidad colectiva. En este sentido, son
muy importantes las prácticas y culturas de gestión escolar que se orienten a
la transparencia, toma de decisiones compartidas, control social de los
procesos pedagógicos y administrativos;
Sexto, la contextualización de la educación,
que pasa por la articulación entre conocimientos, procesos de
enseñanza-aprendizaje y necesidades de los territorios. Esta contextualización
no puede ser un localismo aislacionista, sino un proceso dialéctico entre lo
local y lo global;
Séptimo, las posibilidades que tenga la
población en edad escolar de inscribirse y permaneceren escuelas, planteles
educativos y universidades cercanas al territorio que habitan. La cercanía de
los centros educativos a los lugares de vivienda de la población en edad
escolar es un determinante muy importante en la accesibilidad;
Octavo, la capacidad de los
sistemas escolares para constituir sujetos autónomos, críticos,
creativos y vivan la solidaridad y el encuentro como una praxis cotidiana. En
este sentido los aprendizajes significativos deben ser aquellos que posibiliten
la construcción compartida de una sociedad de justicia social, paz, inclusión,
libertad de opinión;
Décimo, el apoyo institucional a las educaciones
populares, a las propuestas educativas no convencionales que garantizan
llegar con propuestas pedagógicas flexibles y contextualizadas, a sectores de
la población en edad escolar que en otras circunstancias no lo haría. La
educación continua, encuentra en las educaciones populares, comunitaria,
indígena según sus usos y costumbres, y de las diversidades, son expresiones
del acceso al derecho a la educación;
Décimo primero, lo que se hace para garantizar
la democratización del conocimiento, para que no sean solo las
clases burguesas y los instalados en el poder quienes manejen y usen el
conocimiento reciente. La democratización del conocimiento está referida tanto
a la memoria histórica y la cultura ancestral, como a los elementos teóricos
fundantes de las ciencias, el desarrollo de capacidades para construir
localidad desde lo común, así como las innovaciones derivadas de la aceleración
científico – tecnológica. Nadie tiene el derecho a decidir sobre lo que
“conviene” o no enseñar, sino que es el trabajo educativo emancipador, el que
posibilita constituir sujetos autónomos, con base al pensamiento crítico, que
les permita a les estudiantes y egresados, situarse críticamente ante lo
tradicional y lo emergente.
- El neoliberalismo y el derecho humano a la
educación
Desde su aparición, el neoliberalismo desarrolló
una ofensiva sin precedentes sobre el derecho humano a la educación. Los
ataques al tamaño del Estado y sus compromisos con las agendas sociales, se
tradujeron en el plano educativo en una versión manipulada del paradigma de
sociedad educadora, impulsando en consecuencia, la transferencia a les
ciudadanos, las familias, les docentes y estudiantes, de muchas de las
responsabilidades y competencias que se consideraban encargos para los
gobiernos.
El neoliberalismo desarrollo su propia versión de
la co-responsabilidad ciudadana, instalando la idea que al ser la educación un
bien compartido, todes teníamos que aportar económicamente en su sostenimiento,
flexibilizando la obligación financiera y presupuestaria de los Estados con el
derecho a la educación.
Con discursos elaborados, que en muchos casos
tomaban para sí y manipulaban categorías y definiciones que habían pertenecido
al campo popular, el neoliberalismo instaló iniciativas de destrucción de lo
público en educación. La privatización, mercantilización,
estandarización, cultura evaluativa, el desfinanciamiento y la desactualización
programada de la formación docente, constituyeron expresiones de esta ofensiva
neoliberal.
Ofensiva que avanzó de manera desigual en la
región, gracias a las resistencias estudiantiles, docentes, comunitarias y de
la sociedad civil, durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo
pasado. Durante las dos décadas del siglo veintiuno, el
neoliberalismo uso la calidad y la pertinencia educativa como caballos de Troya
para destruir la educación pública, avanzar en las ideas empresariales en
educación y abrir paso a modelos como “home School”.
Siendo el campo de las tecnologías informáticas y
digitales uno de los sectores con mayores niveles de expansión económica a
nivel mundial, los grandes capitales se orientaron a la generación de un modelo
híbrido entre presencialidad y virtualidad en la educación, que tenía como
primer paso, presionar a los gobiernos para que facilitaran las condiciones
para que les estudiantes se dotaran de computadores y conectividad. Mientras
tanto, las grandes corporaciones monopolizaban el desarrollo de plataformas
virtuales de uso masivo, la arquitectura de la nube, producción de contenidos
digitales de quinta generación, así como las propuestas de educación con uso de
herramientas informáticas, el acceso a los algoritmos y el manejo de datos
personales.
- El derecho a la educación en la nueva
situación de pandemia y post pandemia
La pandemia del COVID-19 se convirtió en una
oportunidad para el impulso de la agenda puesta en marcha por el neoliberalismo
educativo. La necesidad que tuvieron la mayoría de Estados del mundo de pasar a
un modelo de cuarentena preventiva para proteger la vida de sus ciudadanos, conllevó
a una crisis de sentido y orientación de los sistemas escolares. Se hacía
necesario garantizar la continuación del vínculo pedagógico y, unos Estados que
habían desestimado el impacto de la aceleración científico-tecnológica en los
sistemas escolares, terminaron cediendo ante el modelo de educación virtual de
las grandes corporaciones tecnológicas.
Es absolutamente falso que los gobiernos no
pudieron prever un escenario como este. En el marco del Foro Mundial
de Educación, realizado en el año 2015 en Incheón, Corea del Sur, las grandes
corporaciones tecnológicas anunciaron el desembarco masivo de la virtualidad en
un horizonte máximo de diez años. Bastaba repasar las cifras públicas de
inversión de estas corporaciones para constatar que estaban invirtiendo enormes
volúmenes de dinero en esta orientación. Y como el sector empresarial no
invierte para perder o dejar congeladas sus mercancías, era previsible el
cumplimiento de este anuncio. La mayoría de gobiernos no construyeron
plataformas virtuales propias para sus sistemas escolares, ni repositorios de
contenidos digitales lo suficientemente dinámicos, versátiles y actualizados,
lo cual facilitó el desembarco impune las grandes empresas tecnológicas.
Los escépticos señalaban que se requeriría un acuerdo
mundial para producir un evento que garantizara el desembarco global de una
iniciativa de este tipo. El COVID-19 posibilitó el surgimiento de las
condiciones de posibilidad para este asalto paradigmático.
En las primeras semanas de declaración de cuarentena,
las grandes corporaciones desembarcaron amparadas por el paradigma neoliberal
de transferencia de las competencias y responsabilidades de los Estados
nacionales, a las familias, estudiantes y docentes. Se produjo en
corto tiempo un nuevo modelo de privatización educativa. Fueron las familias,
docentes y estudiantes quienes tuvieron que comprar o repotenciar equipos de
computación, pagar el acceso a internet y planes de datos, buscar y suscribirse
(incluso hasta pagar) plataformas virtuales. La mayoría de los
Estados nacionales se desentendieron de sus obligaciones de garantizar las
condiciones mínimas para el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, e igualdad para realizar el trabajo educativo.
Esta privatización abrupta se
impuso, con terribles consecuencias para el derecho a la educación. Se produjo
una odiosa e inequitativa estratificación, primero, entre docentes que tenían o
no posibilidades de garantizar continuidad del vínculo pedagógico en escenarios
virtuales; segundo, esto fue aún mayor en la población estudiantil, creándose
cuatro estratos diferenciados entre quienes a) contaban con acceso a
computadoras, internet y una familia de apoyo educativo, b) aun teniendo
computadores e internet carecían de apoyos familiares, pues su entorno estaba
concentrado en sobrevivir en una situación económicamente tan difícil, c) solo
disponían de televisión o radio para relacionarse con un modelo educativo
referenciado en el pasado, que afirmaba la idea de estar en las fronteras de
múltiples exclusiones, d) finalmente estaban en zonas de difícil acceso, a
donde no llega la radio ni la televisión, pero a donde, en muchos casos,
tampoco llegaron los prometidos módulos de auto aprendizaje.
Comienzan a mostrarse cifras que evidencian los
estragos de este modelo de privatización impuesto en la pandemia del COVID-19.
Mientras en Ecuador la Unión Nacional de Educadores (UNE) denuncia que el 75%
de les estudiantes no pudieron acceder al modelo de educación virtual en casa,
es decir 3.250.000 niños, niñas y jóvenes, en Panamá, gremios docentes como la
Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) y la Asociación de
Educadores Veragüenses (AEVE) señalan que un país de menos de 800.000
estudiantes, casi 300.000 quedaron fuera de cualquier posibilidad de
continuidad del vínculo pedagógico. Las evidencias empíricas muestran
dimensiones preocupantes de este fenómeno en los restantes países de la región.
Los datos extra oficiales en el sector universitario muestran un importante
decrecimiento de la matrícula durante la pandemia.
Todo esto ocurre, en medio de demandas crecientes
por alfabetización digital crítica, por alfabetización en los algoritmos
necesarios para crear en el mundo digital. Se cierne un nuevo modelo de
conocimiento reproductor, a partir del consumo de materiales y plataformas
elaboradas por las grandes corporaciones tecnológicas.
Esto último está muy vinculado al riesgo de
producir un modelo de educación bancaria virtual, con el agravante que en
muchos casos se está trasladando el modelo frontal de enseñanza a medios
tecnológicos.
- La coyuntura y el horizonte estratégico: es
imposible abordar la una sin lo otro
Muchos docentes, autoridades e incluso algunos
gremios docentes consideran que en la post pandemia retornaremos a la presencialidad,
tal y como estaba en febrero de 2020. Este deseo de volver a la situación
conocida ha generado, abandono de una parte importante de los cuestionamientos
que se le hacían al carácter reproductor de la ideología dominante por parte la
escuela y, un retiro silencioso de iniciativas que procuraban el emerger de una
educación emancipadora y liberadora.
El neoliberalismo educativo instaló la falsa
disputa entre presencialidad y virtualidad, y como esta se vincula a ganancias
de las grandes corporaciones, es previsible que en la post pandemia se siga
tensionando en este sentido. Ciertamente volveremos a las escuelas
presenciales, pero ya nada será igual. La estratificación que vimos en la
pandemia, amenaza a tener un correlato en los planteles educativos y las aulas
cuando cese la cuarentena.
Escuelas enteras podrán ser estratificadas de
acuerdo a su capacidad y disponibilidad, de trabajar con computadores, conexión
a internet, inteligencia artificial, análisis de metadatos. Hacerlo o no,
significará un nuevo modelo de exclusión que podrá marcar el desarrollo
profesional de les estudiantes y sus posibilidades de inserción laboral en el
futuro. En un contexto de reducción sensible del empleo por efectos directos de
la cuarta revolución industrial, esta situación puede ser dramática para
pueblos enteros.
Es importante trabajar el derecho a la educación y
la inclusión educativa en las claves epocales del siglo XXI, en su tercera
década. Pero ello no es un tema solo de voluntad, se requiere actualizar muchas
de las premisas que nos resultaron útiles hasta hace muy poco.
- Aceptar pasivamente la marginalización o
rebelarse epistemológicamente y en la acción
Millones de estudiantes y docentes, en el marco de
la pandemia, fueron ubicados por la fuerza de los hechos en el borde de lo
educativo. Esta situación amenaza con extenderse en la post pandemia, afectando
de manera sensible el derecho a la educación. Romper con esta lógica del
neoliberalismo implica desarrollar y articular de manera regional las demandas
emergentes y las agendas vinculadas.
Conexión universal gratuita a internet de banda
ancha con conexión 5G, dotación de equipos de computación con alta capacidad
para trabajar en plataformas virtuales y contenidos digitales, alfabetización
en los códigos y lenguajes de los algoritmos informáticos, formación docente
inicial y permanente para poder acompañar la aceleración de la innovación
científico tecnológica con perspectiva de buen vivir, ecológica, solidaria,
feminista, diversa, así como presupuesto educativo bajo contraloría social con
un mínimo de referencia del 6%, constituyen parte importante de las temáticas
asociadas a la defensa del derecho a la educación en la postpandemia.
No se puede aceptar el sostenimiento de la
estratificación educativa como forma de marginalización social a gran escala. Resistir
a ello, implica abrirnos a un quiebre de paradigmas y la eliminación de la
brecha epistemológica que ha impuesto el capital en los últimos años; ruptura
que precede a la construcción de adecuadas y eficientes resistencias
pedagógicas.
- Por una agenda urgente
Es urgente trabajar en un nuevo pacto social
inclusivo, que allane la elaboración actualizada de estrategias para la
superación de las viejas y nuevas exclusiones, que coloque a tono la
aceleración de la innovación científica-tecnológica con la formación docente y
las actividades pedagógicas, que garantice condiciones iguales de aprendizaje
para todes les estudiantes, con capacidad de vincular innovación con tradición.
Esta agenda tiene que apalancarse en la renovada
alianza entre docentes, familias y estudiantes, convocando a todos los sectores
de la sociedad. La CLADE es actor fundamental para propiciar este encuentro.
Por Luis Bonilla-Molina
Fuente de la Información:
https://luisbonillamolina.wordpress.com/2020/11/15/el-derecho-a-la-educacion-hoy/
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