Nuestra experiencia en emergencias en todo el mundo nos dice que, junto
a las medidas para resolver el curso escolar en vigor, hay que comenzar sin
demora a planificar acciones que permitan asegurar el derecho a la educación a
medio plazo.
El COVID-19 ha asestado un duro golpe a nuestra sociedad. No hay
aspecto de nuestra vida que no se haya visto afectado, de tal forma que nos
preguntamos si, cuando demos por controlada la amenaza biológica, volveremos al
punto en que iniciamos el confinamiento o a una realidad con nuevos
retos.
La emergencia sanitaria está teniendo un impacto dramático en las
personas más mayores, sin olvidar otros tramos de edad, incluidos algunos
menores de 18 años ingresados en hospitales (el 15 de abril representaba
alrededor del 0,5% de las hospitalizaciones totales). La economía nos proyecta
hacia un futuro inmediato de una importante crisis social que
precisará de un hondo y sincero compromiso con los más vulnerables.
El sistema educativo no ha sido una excepción. Se ha visto obligado a
articular un "plan B" de la noche a la mañana porque la
presencialidad y la concentración de personas en un mismo espacio,
características básicas de nuestro modelo, se han visto condicionadas
por las medidas del estado de alarma decretado.
En estas circunstancias, las familias se han visto obligadas a asumir
un nuevo modelo de relación con una escuela en plena reformulación.
Equipamiento, conectividad, acompañamiento, conciliación laboral…toda una serie
de requisitos que pueden truncar el desarrollo del derecho a la educación y
cualquier enfoque de equidad e inclusividad.
Del otro lado, el profesorado se está adaptando a marchas forzadas a una
metodología que tiene unas claves muy distintas a las que estaban previstas y
sobre un proceso en el que tiene mucho menos control del hecho
educativo, una vez se ha perdido el poder protector de la escuela.
El valor de compensación social de la escuela
En esta circunstancia hemos sido capaces de percibir el enorme
valor de compensación social que tiene nuestra escuela, aun con todas sus
limitaciones y carencias (abandono temprano, fracaso escolar, etc.). Esta fase
de respuesta ante la emergencia nos está dejando estampas de familias
angustiadas por garantizar su subsistencia, de profesores afanándose para que
ningún alumno se descuelgue y hacerles llegar esos aparatos tecnológicos que la
solidaridad está movilizando, de los aplausos de las ocho que nos conectan y
animan. Y todo ello mientras a nuestro lado los casos de afectados se iban
haciendo presentes. Preocupados por lo inmediato (finalizar el curso, evaluar,
promocionar, etc.) no podemos dejar pasar que nuestro mundo más próximo
ha cambiado y que debemos adaptarnos a una nueva realidad local y global.
Que la épica ha de dar paso a la planificación. Y ahí es donde la
educación puede ocupar un papel de cohesión social y vertebración de
la vida comunitaria, y para eso precisa de ayuda y estímulo.
Aspiramos a que en nuestros centros educativos el derecho a la educación
de niños, niñas y adolescentes se desarrolle en toda su extesión y por lo tanto
que sean un lugar donde:
·
Alcancen el máximo sus capacidades.
·
Adquieran los conocimientos, habilidades y valores necesarios para
convivir en paz y libertad en una sociedad global y sostenible.
·
Compartan un espacio seguro donde sus necesidades más elementales
se vean atendidas (alimentación, cuidado, protección y participación).
Pues bien, el COVID-19 ha golpeado toda esta estructura y la pone en
riesgo, tanto ahora como en los próximos tiempos. El impacto pone
en jaque incluso la agenda para el desarrollo sostenible, en su objetivo
por alcanzar una educación de calidad, inclusiva, equitativa y para toda la
vida.
Adoptar un enfoque de emergencia
Nuestra experiencia atendiendo emergencias en todo el mundo y en toda
circunstancia nos hace avanzar que, junto a las medidas de cómo resolver el
curso escolar en vigor, hay que comenzar sin demora con una batería de
acciones que permitan asegurar que los derechos de la infancia consagrados por
nuestro ordenamiento jurídico no sufren ninguna merma y por lo tanto
es fundamental avanzar en medidas eficaces ante nuevos brotes o confinamientos
totales o parciales que se puedan dar al inicio del próximo curso.
UNICEF España está trasladando a las autoridades estatales y autonómicas
una serie de recomendaciones que se pueden consultar en el documento "La Educación ante el COVID-19 –
Propuestas para impulsar el derecho a la educación durante la
emergencia" en las que se recogen medidas tanto para paliar su efecto
en el sistema educativo como para utilizar la educación como un elemento clave
para superar la crisis.
Esta situación de emergencia precisa de la máxima colaboración
de todos. La cooperación entre administraciones, familias y sociedad civil,
y diríamos, hasta su complicidad, deben estar al servicio de un enfoque de
derechos, de no dejar a nadie atrás. Ahí no podemos olvidarnos de niños, niñas
y adolescentes. Facilitarles información adaptada, incorporar sus puntos de
vista y contar con su capacidad transformadora nos hará sumar unos aliados
valiosísimos y les lanzaremos un mensaje claro, son ciudadanos y son
parte de la solución.
Nacho Guadix
Responsable de Educación en Derechos y Campañas en UNICEF España
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