Hemos
considerado que la calidad de la educación es igual al aprendizaje que se logra
en el proceso de formación, multiplicado por la equidad (CE = ae). Se ha
reconocido la trascendencia de ambos términos de la ecuación al darles un
sentido jurídico que los eleva y fortalece por su pertenencia a la axiología
constitucional. En esta ocasión el tema central es la equidad.
Por
principio de cuentas es necesario recordar que el aprendizaje no es un proceso
humano exclusivo de la experiencia escolar: en esta, se trata de que sea
sistemático de acuerdo con fines establecidos que son buenos para el desarrollo
de las personas y de la sociedad. Y es importante decir también que la cuestión
de la equidad no se agota en el horizonte de la institución escolar. Aquello que
sobre la equidad sea dicho o asignado a la escuela, proviene de los valores
sociales y, más específicamente todavía, de los principios jurídicos que la
crean como institución y precisan los valores que deben sustentar la formación
que ella promueve. Por ejemplo, está el valor de la dignidad humana. La equidad
está en el proceso histórico constitutivo de la escuela, pero eso ocurre porque
es un problema de la sociedad.
En
algunos comentarios que suelen hacerse sobre la equidad, de manera directa o
indirecta aparecen otras cuestiones como la igualdad, la desigualdad, la
inequidad y la iniquidad. Explicar cada una y aclarar todas sus relaciones
prácticas y teóricas rebasa los límites de este espacio, pero es necesario no
desatenderlas del todo.
Empíricamente,
la desigualdad humana se muestra de maneras múltiples y en sus variantes
sociales, económicas y políticas ha sido causa de debates y de grandes
problemas a lo largo de la historia de las sociedades. No es fácil o
inmediatamente posible afirmar la igualdad humana como cosa natural; esta es
una creencia que se ha construido a lo largo de siglos y precisamente con un
trabajo contextualizado y motivado por las desigualdades creadas por los seres
humanos. La creencia es asimismo fruto del deseo y del propósito de atenuar o
acabar las desigualdades. Ello toca a todos los trabajos de la antropología, de
la economía y de la filosofía política. Así surgió el proyecto del Estado
constitucional o de derechos.
Uno
de los logros fundamentales del pensamiento y del afecto humano es la
afirmación de la igualdad de los seres humanos en su naturaleza, en su esencia.
Esta creencia es la base para un derecho que se califica igual que el logro
anterior, es decir, derecho fundamental, el de educación.
En
el reconocimiento constitucional de que toda persona “tiene derecho a recibir
educación” se condensa tanto un avance civilizatorio del mundo y de México,
como un elemento central del proyecto ingente de transformar las desigualdades
sociales, económicas y políticas. ¿Con qué criterios y fines? Con los que
establece el proyecto de sociedad contenido en la Constitución, la cual es un
patrimonio histórico de los mexicanos y tiene una dinámica que la relaciona
siempre con la vida social y va precisando los derechos y su alcance y las
obligaciones estatales y sociales.
Por
los elementos antecedentes, es posible afirmar que la equidad representada en
la ecuación de la calidad es una consecuencia natural, intrínseca, del derecho
a la educación. Puede sostenerse que la equidad implicada o necesaria para que
educación tenga la posibilidad de llegar a darse y ser reconocida como
experiencia de calidad, es una expresión gemela del derecho mismo a ella. Por
eso la equidad que se predica de la educación rebasa a la escuela y debe
calificar y potenciar en la ecuación a todo el aprendizaje y, desde él, al
currículo y a la pedagogía. Por todo ello, es una cuestión que toca toda la
vida social, toda la actividad económica y toda la experiencia política.
Es
tan inherente la equidad al derecho a la educación que el ordenamiento de la
pedagogía escolar debe surgir de ella y ser a la vez uno de los aprendizajes
clave. La equidad viene a ser entonces base y fin de la educación; es la
expresión más clara y exigente de su ontología, y la escuela debe enseñarla,
trabajar para ella porque es una institución política y lo que logre es
trascendental para la comunidad política.
La
equidad debe estar en los aprendizajes, es su fundamento: el conocimiento de sí
como ser digno e igual a los otros; el conocimiento de los otros como seres
dignos merecedores de respeto y poseedores de derechos; la formación de la
persona y su autonomía. Por eso importa la educación y todas sus relaciones con
la vida social, con la economía y con la política.
La
equidad debe estar en los aprendizajes por la semántica de la frase que
consagra el derecho a la educación, pero no se agota en ellos, los mueve desde
fuera y los vincula con las otras acciones sociales, económicas y políticas que
también deben construir la equidad: las relaciones sociales basadas en los
derechos y la justicia que ellos proyectan; las relaciones económicas acordes a
la dignidad humana y al conjunto de derechos que de ella dimanan; las
relaciones políticas impulsadas por los derechos de forma que configuren y sostengan
el bien común con todos los instrumentos de acción del Estado. En tal
horizonte, las políticas para la equidad educativa no pueden comprenderse,
formularse, ni emprenderse sin las políticas para la equidad en todos los
ámbitos de la acción social y del ejercicio del poder público. De esta forma,
en los principios constitucionales y en los fines de la educación, la equidad
es un valor procedimental, sí, pero es también un valor que señala la meta
última de la vida social y de la realización del Estado: la persona humana como
fin.
La
equidad es, en última instancia, una representación de la justicia, y su
inexistencia o su debilidad extrema dan lugar a la iniquidad, es decir, a una
vida social, política y económica de injusticia; da lugar a un mal humano; de
ahí la responsabilidad de los gobernantes. Es por eso inaplazable que con la
luz y la exigencia del derecho a la educación, de manera constante se
trabaje para que se identifiquen todas las formas de inequidad en el servicio
educativo, desde las relativas a la infraestructura y la disposición de
maestros, hasta las que se cuelan en el currículo y en la vida escolar.
La
obligación constitucional de ofrecer educación de calidad es una exigencia de
transformación de las políticas educativas. Vivimos tiempos electorales; deben
ser tiempos que sacudan la estructura y motiven la acción de los partidos y de
todo candidato o candidata para que comprendan la responsabilidad pública que
significa la equidad en la educación. La prueba de fuego para la vocación del
político o de la política es su capacidad de ocuparse del hecho de que toda
persona tiene derecho a recibir educación. Sin tal capacidad, no pueden
pretender vocación política y no estarán legitimados.
Fuente
del Artículo:
Por: Bonifacio Barba
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