Frases del tenor de “la educación es futuro”, “la escuela pública es
igualadora de oportunidades” y “toda sociedad desarrollada tiene un buen
sistema educativo”, escuchadas a lo largo del tiempo, se vuelven lugar común.
Podríamos pensar que su repetición banal apunta a dejarlas como aseveraciones
de buena conciencia, vacías de contenido. Porque habría que poner –al menos– en
duda la importancia real que la educación pública tiene en esta sociedad. Una
cosa es lo que es políticamente correcto decir y otra son los hechos. Hagamos
el ejercicio de pensar esta distancia con una pregunta: ¿por qué se cuida más
evitar una huelga de recolectores de basura o de transporte, que una de
docentes?
Al lugar que la educación ocupa en las prioridades estatales lo definen
las políticas públicas que se implementan. Si se recorta presupuesto,
restringen programas de inclusión, no se cumple con la ley que indica que la
formación docente es una responsabilidad estatal y si se discute el aumento
salarial como se negocia la compra-venta de un inmueble o con la actitud de un
gerente de recursos humanos, la grandilocuencia sobre la importancia de lo
educativo queda en mera retórica.
Los trabajadores y trabajadoras de la educación enfrentamos nuevos y
viejos desafíos. Es importante recordar que tenemos derechos y que ejerceremos
todas las opciones posibles para mejorar nuestro salario y la calidad de vida.
No hay que pedir por favor para trabajar en condiciones dignas, acceder a una
mejor vivienda, comprar libros, pagar una carrera de posgrado y también
disfrutar vacaciones o adquirir ciertos bienes materiales. No estamos tan
flojos de autoestima para apoyar la tesis de que eso son privilegios para
pocos.
Hablar con la verdad es comunicar las cifras reales, afirma la voz
presidencial. La pérdida de poder adquisitivo es también una incontrastable
verdad. La falta de respeto es una práctica política de estos tiempos. No
debemos entrar en provocaciones.
Pero la época no parece estar fundada en un debate que pueda saldarse
con cifras o las verdades que vivenciamos. El cinismo y la doble moral,
acompañados de campañas mediáticas de desprestigio, ponen en crisis la idea de
verdad y los posibles consensos que conocimos. Hay quienes consideran que esta
dinámica constituye eso que se denomina posverdad. No es lugar para discutir
estas temáticas, pero sí para dimensionar que las batallas son mucho más
complejas.
La tarea que tenemos como docentes no parece ser aportar la frase más
ingeniosa en el programa de TV de moda o demostrar las (obvias) mentiras de los
funcionarios. Probablemente, ella sea más cercana a establecer diálogos en los
que le contemos a la enorme diversidad de nuestra sociedad los motivos de
nuestros justos reclamos, para que no sean invisibilizados ni bastardeados por
el andamiaje mediático que –también– nos gobierna. Necesitaremos paciencia,
imaginación y algo de terquedad.
Y si bien el desafío es poder cambiar los modos de información, también
lo es que tenemos una posibilidad de diálogo diario con miles de estudiantes y
familias, que nos conocen. Esta es nuestra potencialidad y por eso también nos
desprestigian. Es un gran reto armonizar medidas de fuerza y la presencia en
las escuelas. Este arte del equilibrio es fácil escribirlo, pero difícil
llevarlo a la práctica. El problema no es la legítima huelga, sino su
utilización como única forma de reclamo posible. Tener diversidad de modos de
protesta, poder imaginar otros repertorios de acción, no supone liviandad, sino
riqueza de acciones. Si lo logramos, habremos dado –seguramente– otro salto de
calidad en nuestra larga historia de lucha, resistencia y defensa de la
educación pública.
Garantizar un piso mínimo de salario es una responsabilidad del Estado
nacional. Sin paritarias nacionales, los y las docentes de las provincias con
menos recursos quedan a la deriva. Acompañarlos es un ejercicio de solidaridad
real, como enseñamos desde siempre en las aulas; no es un compromiso de moda
guionado por las consultoras. Por eso, el intento de dividir entre conflictos
distritales y la focalización del ataque en Baradel y las organizaciones
sindicales. Ante los funcionarios actuales, pedir el cumplimiento de la ley se
asemeja a un acto desestabilizador.
Queda el párrafo final para la delirante propuesta de los rompehuelgas
devenidos en “voluntariado”. No merece mucho debate: simplemente expresa
–nuevamente– el lugar que ciertos funcionarios otorgan a la educación, que
entienden como un mero espacio donde los niños y las niñas pueden pasar las
horas. A la capacitación en planificación, pedagogía, didáctica y derechos, te
la debo.
Por Mariano Molina
Fuente
https://www.pagina12.com.ar/24083-a-quien-le-importa-la-educacion
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