V ASAMBLEA CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Carta de Guatemala 6 y 7 de octubre del 2008

En la ciudad de Guatemala y en el marco del III Foro Social de las Américas, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación –CLADE- ha realizado su V Asamblea, con la certeza de que el derecho a una educación de calidad y liberadora es clave para la construcción de sociedades en las que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente, la justicia social y se propicie la igualdad y la soberanía de los pueblos.

Esta Asamblea se ha realizado en un contexto mundial de crisis financiera – provocada por el sistema de globalización económica y originada en los Estados Unidos- energética y de alimentos, cuyo impacto social en la región será desfavorable. En América Latina, no se han superado las brechas de desigualdad y, por el contrario, a pesar del crecimiento económico, éstas se profundizan. La concentración de la riqueza está acompañada del aumento de la violencia, la migración y el desempleo.

Los Estados latinoamericanos no priorizan la educación, a pesar de que esta sigue generando expectativas y persistente demanda en sus pueblos. Los sistemas educativos se caracterizan por la exclusión. La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad no están garantizados a niños, niñas, jóvenes y personas adultas. La discriminación subyace en sus múltiples formas: la inequidad afecta principalmente a las personas y familias migrantes y en situación de desplazamiento; a personas y familias pobres y en extrema pobreza; a los pueblos indígenas y afro descendientes; a mujeres; a discapacitados; a niños y niñas que trabajan; a personas discriminadas por su orientación sexual y a los más pequeños.

La gratuidad plena de la educación no se cumple en Latinoamérica y afecta a las familias pobres y marginadas, aunque los Estados, con excepción de Colombia, la garanticen en sus legislaciones. Vale recordar que el artículo 7 de la Observación General 11 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales – DESC - afirma que la gratuidad tiene carácter univoco y vinculado a los otros derechos. Dejamos constancia que el gobierno de Guatemala, el 14 de septiembre de este año, a partir del acuerdo gubernativo 226, anuló las cuotas escolares que habían sido establecidas en el 1968.

Las brechas educativas provocan que menos de la mitad de jóvenes logren concluir la educación secundaria. En este sentido, creemos fundamental el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derechos, particularmente a los derechos de educación, trabajo y al diálogo intergeneracional e intercultural.

La educación a lo largo de toda la vida no se traduce en políticas y prácticas educativas en el Continente. En ese marco, la realización de la sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI) es una oportunidad para dialogar, discutir políticas, prácticas y prever acciones de seguimiento y monitoreo, incorporando a un amplio espectro de actores de la sociedad civil. El hecho de que por primera vez la sede de esta conferencia sea un país latinoamericano (Brasil), debiera estimular esfuerzos regionales para visibilizar nuestra problemática y propuestas.

Subrayamos algunos avances importantes en materia de procesos de aprobación de leyes y documentos normativos de orientación más progresista en beneficio de la educación, que contaron con amplia participación social: es el caso del Ecuador (Constitución), de la Argentina (Ley Nacional de Educación No. 26.206), del Uruguay (Ley General de Educación, en discusión en el Parlamento), de Honduras (Ley de Educación presentada al Congreso), de Nicaragua (nueva Ley General de Educación que consagra a la educación como un derecho humano). En el Perú, reconocemos la importancia de haberse oficializado el Proyecto Educativo Nacional 2007-2021, y en Chile, valoramos el rol de los movimientos estudiantiles y de las organizaciones del magisterio, que vienen luchando por una mayor discusión de la Ley General de Educación, presentada ante el Senado de la Nación. Así como la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación y sociedad civil brasileña que consiguieron se aprobara la Ley do Piso Nacional por lo que los docentes en todo el país no deben ganar menos de 950 reales. Esta Asamblea aboga porque este conjunto de revindicaciones sea atendido y valora la participación social por su contribución a la democracia de nuestros países.

Llamado a la Acción

• La educación es un Derecho Humano y su cumplimiento una obligación del Estado. Por lo tanto, las políticas y prácticas educativas deben estar enmarcadas y reflejadas en esta visión. Ese es el consenso mundial tal como se expresa en el marco jurídico internacional. En el caso latinoamericano destacamos particularmente el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre derechos económicos, sociales y culturales, y demandamos a los Estados de Latinoamérica y el Caribe que todavía no lo han hecho (Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela), que ratifiquen inmediatamente dicho Protocolo.
  
• En cuanto a la Convención contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, demandamos a los Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay que ratifiquen esa importante convención.
  
• Demandamos a todos los Estados latinoamericanos y caribeños que pongan en marcha políticas y prácticas existentes para superar las múltiples formas de discriminación, considerando la valoración de la diferencia y el respeto a la dignidad humana individual y colectiva.
  
• Demandamos a los Estados que cumplan con su responsabilidad de garantizar la calidad de la educación, su carácter intercultural, orientada al desarrollo integral de las personas y comunidades, su adaptabilidad a los diversos contextos.
  
• Demandamos la plena gratuidad de la educación, estipulada por el marco jurídico internacional y las constituciones de la mayoría de los países latinoamericanos. Las Defensorías del Pueblo deben asumir particular rol para hacer efectiva esta demanda.
  
• Todos los países del área requieren más y mejores presupuestos e inversiones para la educación. Demandamos incrementar los presupuestos públicos y su adecuada gestión, en la perspectiva de garantizar la universalidad y gratuidad de la enseñanza y hacer viable una mejor calidad de la educación.
  
• No habrá cambio educativo posible sin una activa participación de docentes estimulados por una carrera pública, que reconozca su experiencia y méritos profesionales e incentive sus mejores logros en el aprendizaje de estudiantes. Invocamos a los gremios - organizaciones de docentes y a los Estados a establecer diálogos y estrategias que fortalezcan una mayor calidad y equidad en nuestros sistemas educativos.
  
• La CLADE exhorta al Estado de Guatemala a crear las condiciones políticas y materiales necesarias para cumplir plenamente el Acuerdo Gubernativo sobre gratuidad de la educación (226 del 2008).
  
• Exhortamos a los Estados a reconocer el derecho a la educación a lo largo de la vida, dando prioridad a la educación de personas jóvenes y adultas, que conlleve aprendizajes significativos de tipo formal y no formal, potenciando la dimensión ciudadana individual y colectiva de todos y todas, en la perspectiva de una sociedad educadora.
  
• Demandamos que los programas nacionales de alfabetización superen la idea tradicional de lograr la simple lectura y escritura de códigos y que asuman las nuevas concepciones de alfabetización como base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida.
  
• Demandamos, como acción prioritaria, la atención del desarrollo de la primera infancia y de la educación infantil, particularmente en las poblaciones más vulnerables.
  
• En cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestros países en Dakar y los Objetivos del Milenio, exhortamos a las organizaciones sociales a ejercer vigilancia efectiva sobre la acción estatal, y a promover la gestión democrática en las escuelas para que la comunidad educativa, con el mayor protagonismo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, participe en la toma de decisiones.
  
• Exhortamos a todos los actores de Latinoamérica, gubernamentales y no gubernamentales, a una urgente atención a Haití, colaborando con el fortalecimiento de su sistema público de educación para enfrentar mejor los problemas que afectan a los hermanos y hermanas de este país.
  
• Instamos al conjunto de las organizaciones sociales, sindicales, vecinales y movimientos de América Latina y el Caribe a su participación ciudadana en la elaboración y seguimiento a las políticas educativas de sus países y la región.
  
• Exigimos a los poderes legislativos y gobiernos de la región así como a la OEA e instancias regionales, que garanticen y hagan viable el ejercicio del derecho al libre acceso a la información pública, velando por la transparencia administrativa y la mejor gestión pública en educación.
  

Las organizaciones y colectivos nacionales y regionales, integrantes de la CLADE, reiteramos nuestro compromiso por una América Latina más equitativa y justa, que valore el derecho de todos y todas, particularmente los más débiles, a educarse a lo largo de la vida, a ejercer su ciudadanía y a contribuir al desarrollo económico, social y político de sus países.

La CLADE renueva su agradecimiento al pueblo e instituciones de Guatemala que han acogido y posibilitado alcanzar los objetivos propuestos para nuestra Quinta Asamblea institucional.