domingo, octubre 05, 2008

La Concertación como un nuevo modo de hacer política

¿Es posible pensar que una parte de la sociedad tiene derecho a la fijación de las políticas educativas sin considerar al resto? ¿El manejo de los recursos dedicados a la Educación es de incumbencia absoluta del Poder Ejecutivo? ¿Quién debe fijar las prioridades educativas de una jurisdicción?
Para contestar a esas y otras preguntas recurrimos a un texto de Guillermina Tiramonti FLACSO /Argentina:

Como ya hemos señalado, en las sociedades latinoamericanas actuales el problema central es la recuperación de la política como actividad organizadora de las relaciones sociales y económicas con suficiente autonomía de los intereses prevalecientes en la sociedad como para construir una agenda pública que incluya el tratamiento de problemáticas provenientes de la diversidad social.

El rescate de lo político obliga a una modificación en los modos de hacer política que permita recuperar y legitimar una nueva ligazón entre sociedad civil y política y construya un lazo de identidad entre la autoridad y el conjunto de la sociedad. Este nuevo modo de hacer política debería, según nuestro criterio, incluir cambios en los procedimientos de toma de decisión y resolución del conflicto, en los contenidos que se tratan, en los actores que participan y las relaciones que entre ellos se suscitan.

En cuanto a los procedimientos de resolución de conflictos se trata de pasar de un sistema organizado con el criterio de la confrontación a otro que reconoce en la concertación su principio estructurador.

El criterio de la confrontación introduce en la política una lógica de amigo/enemigo de acuerdo a la cual las relaciones entre las partes se reducen a un enfrentamiento de fuerzas que culmina con la eliminación de los intereses y aspiraciones de una de ellas en favor del otro. Se trata de una negociación de suma cero donde si uno gana el otro necesariamente pierde. El conflicto se resuelve mediante la supresión momentánea del interés del otro.

Por el contrario, los procedimientos de concertación proponen una lógica de complementarización y de composición que reconoce la multiplicidad y diversidad de intereses que están en juego. El modelo podría permitir, por lo menos en teoría, la inclusión de intereses opuestos y contradictorios que paradójicamente deben ser contemplados para el logro de los resultados propuestos.

Al decir de Dahl una democracia es el fruto de una negociación en la cual los adversarios consideran la coexistencia menos costosa que la destrucción recíproca. Este reconocimiento por parte de los actores pareciera ser la condición necesaria para la generación de un proceso de concertación en el marco de las incipientes democracias latinoamericanas.

Se propone además, un mecanismo de permanente tratamiento del conflicto, basado en la explicitación argumentativa de las posiciones de los actores y en la búsqueda de resultados que contengan la contemplación de los intereses diversos y aun opuestos. Se trata de no eliminar, ni derivar, ni eludir el conflicto, sino de reconocer los términos en que éste se manifiesta, poner en transparencia los intereses que están en juego produciendo políticas que los contengan.

Este procedimiento en nada modifica el reconocimiento de las asimetrías de poder que se juegan en todo proceso de toma de decisiones. No se trata de suponer simetrías ni negar las diferencias, sino de reconocer la necesariedad de la complementarización de intereses para la conservación, reproducción e innovación del sistema.

En lo que se refiere al problema de los nuevos contenidos, se trata del abandono de las concepciones esencialistas de la política, basado en la confrontación de los principios en favor de una concepción pragmática donde lo que se negocian no son principios sino soluciones a problemas específicos. No se propone un abandono de los valores, sino más bien un cambio del “estado” en que estos valores se presentan en los procesos de negociación y resolución de conflicto.

En el paradigma anterior los valores se presentan en su estado abstracto y las opciones políticas se formulan en pares dicotómicos tales como dependencia o liberación; igualdad o libertad, etc. Esta concepción esencialista torna imposible el tratamiento del conflicto ya que pone en juego jerarquías de valores enraizadas en tradiciones ideológicas y actualiza permanentemente históricos enfrentamientos. Lechner, en un ensayo sobre el realismo político, rescata la posición weberiana y le agrega un argumento basado en la comprobación histórica de la imposibilidad de la construcción de la paz social en los casos en que posiciones con pretensión de verdad absoluta pugnan por ordenar la sociedad. La paz pareciera requerir, según Lechner, cierta desvinculación entre política y verdad.

Por el contrario, el nuevo paradigma se basa en la búsqueda de acuerdos parciales a partir de la solución de problemas concretos. Se podrá decir, con razón, que las soluciones pragmáticas no están exentas de carga ideológica. Sabemos que los problemas no tienen consistencia anterior y objetiva sino por el contrario, son construidos por los actores en base a sus códigos interpretativos. De lo que se trata justamente es de avanzar en una construcción intersubjetiva de los problemas atendiendo a la diversidad de intereses que confluyen en su definición. O lo que es lo mismo, pasar de la confrontación de concepciones de la realidad a definir esta realidad mediante la problematización de la misma. Es posible presumir que una vez definidos los problemas los actores estén dispuestos a relativizar sus posturas para la búsqueda de las soluciones específicas. Por otro lado, una misma solución puede ser considerada aceptable por un espectro ideológico amplio.

Esta nueva forma de hacer política supone una ampliación del espectro de actores que interactúan en la construcción de la política. La ampliación resulta del paulatino involucramiento de la sociedad civil en la gestión de los intereses públicos, que en el caso de nuestros países se genera, como ya lo hemos señalado, en el reconocimiento de la ineficiencia e insuficiencia del Estado para dar satisfacción a las necesidades y demandas de un importante espectro de sectores sociales.

La ampliación en el número de actores va acompañada de interacciones horizontales entre los mismos, lo cual pone en transparencia la diversidad de los intereses que se ponen en juego, la complejidad de la articulación de los mismos, la interdependencia de muchos de estos intereses, la complementariedad de otros y la necesariedad de su combinación para construir la política.

Por último, es de suponer que un mejoramiento de la eficiencia de los procedimientos políticos, una ampliación de los actores que en él participan y mayores grados de transparencia en las negociaciones, contribuirán a un fortalecimiento de la legitimidad política y la construcción de espacios de autonomía político-institucionales que posibiliten efectivas intervenciones en favor de la equidad y justicia social.

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