La ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, afirma que la educación presencial se ha convertido
en un bien deseado pero escaso y que "no podemos permitir que nadie socave
la inversión en educación. Lo que sí proporciona el éxito es un diagnóstico
personalizado"
Corcuera, Sinde, Wert… Cuando una ley pasa a la historia por el apellido
de su principal propulsor, incluso antes de que se apruebe, suele ser sinónimo
de un parto difícil. Hasta ahora, la gestación de la ya bautizada como ley Celaá sigue esa misma trayectoria. Impulsada
por Isabel Celaá (Bilbao, 1949), ministra de Educación y Formación Profesional,
en menos de dos años esta propuesta se ha visto interrumpida por dos elecciones
generales y cuenta con enmiendas a la totalidad por parte de los principales
partidos de la oposición. ¿Qué más podría obstaculizar el curso de la octava
ley de educación de la democracia? ¿Una pandemia? También se verá sometida a
ese examen.
Celaá nos recibe justo el día en que finaliza el plazo para presentar
enmiendas parciales al proyecto de ley aprobado el 3 de marzo en el Consejo de
Ministros y que continúa tramitándose en el Congreso durante el estado de
alarma. Tras disculparse por no poder saludarnos de manera cercana debido a la
distancia física de seguridad impuesta por la crisis sanitaria, la ministra
comienza a hablar de la urgencia de acelerar los cambios que necesita la
escuela del futuro.
La pandemia ha puesto a prueba la madurez del sistema educativo español
en cuanto a innovación tecnológica y metodologías que no se circunscriben al
aula tradicional. Salvo excepciones, no estábamos lo suficientemente preparados
para asumir una enseñanza en remoto de calidad. ¿Por qué no se había avanzado
lo suficiente?
Ningún sistema educativo de nuestro entorno está preparado para replicar
de manera virtual una educación presencial, que es la que realmente iguala al
compensar posibles diferencias de origen mediante la interacción profesor-
alumno. La educación presencial es insustituible. Así de rotundo.
Ahí es donde se recibe un mayor valor en términos cognitivos y
emocionales. Lo que sí es cierto es que en un contexto de economías
digitalizadas nos sentíamos tremendamente poderosos como sociedad y esta
pandemia ha puesto de manifiesto que no lo éramos tanto, dejando al descubierto
varias necesidades, en particular en los ámbitos sanitario y educativo. Durante
los últimos años, las comunidades autónomas, los centros educativos y los
profesores han ido sofisticando sus capacidades digitales de manera desigual.
La mayoría ha mejorado mucho, pero tenemos muy claras las necesidades del
sistema educativo español y esta crisis nos ha ayudado a identificarlas mejor y
a ser más conscientes de la urgencia de resolverlas.
¿Cuáles son esas
necesidades?
Una modernización en su conjunto. Una digitalización no entendida
exclusivamente como el manejo mecánico de la tecnología, sino que aporte
cambios cualitativos para propiciar mejores resultados educativos mediante la
atención al alumnado en toda su diversidad y el remedio de brechas de cualquier
naturaleza. Eso implica que cada estudiante tenga un recurso digital
individualizado, que cada centro educativo cuente con plataformas lo
suficientemente potentes para dirigirse a la totalidad de sus alumnos y más
formación de los profesores.
Precisamente,
Andreas Schleicher, director de educación en la OCDE y responsable del informe
PISA, ha declarado que los profesores españoles deberían esforzarse más para
ser parte activa de un futuro de la educación donde la enseñanza online será crucial. ¿Está de acuerdo?
Andreas es amigo, pero no estoy de acuerdo. El profesorado español es
excelente. Ha sido capaz de pasar en 24 horas de la educación presencial a un
modelo a distancia, manteniendo siempre el contacto con los alumnos. Su
trabajo, al igual que el de los hogares, es ejemplar. Las comunidades autónomas
y el propio ministerio, desde el Intef [Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado], hemos venido
formando a los docentes y aproximadamente la mitad de ellos ha desarrollado
destrezas para trabajar online de
manera eficiente, pero la otra mitad aún está en etapas iniciales y ahí es
donde debemos intensificar el esfuerzo, sobre todo si en otoño el virus
continúa entre nosotros y aún no existe ni vacuna ni tratamiento. En ese
escenario cada centro debe tener planes de contingencia para respetar la
distancia física de seguridad, lo que hará que en cada aula tengan cabida unos
15 alumnos.
Ahí es donde su
ministerio propone un modelo de enseñanza mixto entre educación presencial
y online pero que no parece satisfacer ni a las
familias, por temas de conciliación, ni a la comunidad educativa, que demanda
más recursos humanos y técnicos.
La rutina se ha convertido en un valor importante, pero la educación
presencial en estos momentos tiene que estar sujeta a los requerimientos
sanitarios. Obviamente, esta pandemia también ha puesto de manifiesto que la
escuela no puede satisfacer en su totalidad el trabajo de conciliación que se
le viene exigiendo de manera implícita o explícita, sino que es una tarea
conjunta de la sociedad.
¿Pero si vamos a
ese modelo mixto se contempla una mayor inversión por parte del ministerio?
Es evidente que se contemplará una mayor inversión. En estos momentos
estamos identificando junto a las comunidades autónomas cuáles son los temas
que tenemos que fortalecer en el sistema educativo para atender esos planes de
contingencia. Si al final no es necesario ponerlos en marcha, de igual modo
habremos avanzado hacia esa digitalización, que es uno de los principios
rectores de nuestro proyecto de ley junto al interés superior del menor, una
educación para el desarrollo sostenible, la enseñanza personalizada o la
modificación del currículo.
¿Cómo debería ser
ese nuevo currículo?
El actual es muy enciclopédico, repleto de datos y contenidos.
Necesitamos un modelo más competencial a través de aprendizajes esenciales que
no se centren tanto en materias al uso, sino en ámbitos, en proyectos
alternativos para los que se requieren espacios físicos que permitan una
distribución distinta de los alumnos, incluso aulas con un mayor número de
estudiantes donde dos o tres docentes puedan trabajar colegiadamente. Esto
facilitaría una enseñanza personalizada que ayude a potenciar el talento de
cada alumno.
Esto afectaría al
sistema de evaluación tradicional, algo que también es objeto de debate cuando
se trata de calificar a los alumnos que se han visto obligados a seguir
formándose en remoto…
Exactamente. De hecho, el acuerdo logrado con la mayoría de las
comunidades autónomas para concluir el curso 2019/2020 se fundamenta en eso, es
decir, en adaptar la materia a los contenidos y aprendizajes esenciales, de tal
modo que se evalúe si el alumno ha superado de manera cualitativa los objetivos
generales del currículo y ha desarrollado las destrezas que le permiten
promocionar al siguiente curso. Cuando tengamos ese nuevo currículo más
centrado en competencias, tendrá que ser medido de otra manera, con una
evaluación realizada de manera colegiada por el conjunto de profesores que
atienden a cada alumno. Si España tiene un número de repetidores tres veces
superior al del resto de países europeos, se debe a un sesgo cultural
relacionado con el sistema de evaluación y que es preciso corregir.
La repetición, en sí misma, no hace mejor al alumno. Al revés. Le proporciona un importante perjuicio emocional al perder a su grupo de iguales y afecta a su autoestima porque le dicen que no es competente. Lo que sí proporciona el éxito es un diagnóstico personalizado que detalle los conocimientos que necesita reforzar cada alumno y diseñar un tratamiento acorde a eso. Esto no quiere decir que nadie vaya a repetir nunca, porque puede haber un alumno con personalidad inmadura al que el elenco de profesores perciba colegiadamente que no es bueno promocionar.
La repetición, en sí misma, no hace mejor al alumno. Al revés. Le proporciona un importante perjuicio emocional al perder a su grupo de iguales y afecta a su autoestima porque le dicen que no es competente. Lo que sí proporciona el éxito es un diagnóstico personalizado que detalle los conocimientos que necesita reforzar cada alumno y diseñar un tratamiento acorde a eso. Esto no quiere decir que nadie vaya a repetir nunca, porque puede haber un alumno con personalidad inmadura al que el elenco de profesores perciba colegiadamente que no es bueno promocionar.
¿En esa nueva
evaluación se incluyen las habilidades blandas como la autonomía, la empatía o
la capacidad de trabajar en equipo?
“La educación presencial es la que realmente iguala”, sostiene la
ministra, “al descompensar posibles diferencias de origen mediante la
interacción profesor- alumno”.
El sistema educativo tiene que aportar el desarrollo de destrezas tanto
cognitivas como emocionales. De hecho, durante los meses de confinamiento los
alumnos han podido desarrollar unas destrezas emocionales muy importantes para
la vida y que deberían ser evaluadas porque eso también es educación. Mientras
se han formado en sus casas, a veces con unas condiciones difíciles, han
adquirido o potenciado cualidades relacionadas con la autodisciplina o la
responsabilidad, lo cual supone un valor añadido que podrán aprovechar cuando
regresen a los centros y beneficiará a su proceso educativo.
Antes de la crisis
sanitaria, su ministerio contemplaba un plan de incremento del gasto público en
educación hasta un mínimo del 5% el PIB, por encima de la inversión media de la
UE (4,88%), pero aún lejos de la de países referenciados como ejemplos de
innovación en el aula, como Finlandia (6,75%) o Suecia (7,05%). ¿Mantendrán ese
compromiso del 5% a pesar de la crisis económica que se avecina?
Sí. No podemos superar esta crisis si precisamente tocamos a los más
vulnerables o a aquellos sectores que una vez más se han revelado como los más
importantes. La educación es la mejor acreditación de un país, la base
sustentante del desarrollo presente y futuro y sin ella no hay ni
investigación, que se ha mostrado imprescindible en estos momentos, ni
innovación. Durante la pandemia, la educación presencial se ha convertido en un
bien deseado pero escaso y no podemos permitir que nadie socave la inversión en
educación. Es una inversión, no un gasto, y no seguiremos la ruta de la crisis
de 2008, porque es el antimodelo.
Por José Ángel Plaza López
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