El
Sistema Educativo sigue siendo un factor preponderante cuando se habla de
distribuir los bienes culturales ¿Están preparados para actuar adecuadamente en
estas sociedades de la información? ¿Cómo puede contribuir a una mejor
convivencia? ¿Qué aporta todo esto a la “Calidad Educativa ”?
La idea de aplicar criterios de calidad al quehacer educativo
es un tema complejo, uno que requiere establecer y analizar los diferentes
atributos que debe poseer un determinado sistema -aquí el educativo de nivel
superior- y los criterios para precisar las bondades -y en su defecto las
carencias- de cada uno de estos componentes, así como del sistema en su
totalidad; este es también un tema controvertido, uno que supone, como punto de
partida, asumir un gran reto, a saber: garantizar, en todo momento, que se
trate de una respuesta pedagógica al análisis de un problema educativo y no de
una mera propuesta técnica que le atribuya al sistema -y, por ende, a todo el
resto de la vida social- un principio ajeno a su naturaleza, en particular que
evite confundir la calidad de la educación con el fin empresarial de utilidad.
La situación actual marcada por la globalización hace que en el
caso específicamente educativo, todos los países y sociedades del mundo, particularmente
los latinoamericanos, estén inmersos en los mismos temas de discusión relativos
a cómo definir lo pertinente para nuestras instituciones y garantizar su
viabilidad, temas y problemas que aquí, precisamente, nos reúnen en esta oportunidad
con la idea de poder establecer un rumbo común que permita mejorar nuestro
sistema educativo, estableciendo objetos y criterios de análisis, vías para el
desarrollo -y en su caso corrección- del sistema, metas por alcanzar y una
agenda interna (lo que podemos hacer como instituciones de educación superior)
y externa (lo que requerimos como insumo). Es más, debemos observar que en la
diversidad ya existe un factor unificador, el lenguaje con que nos referimos a
estos tópicos es idéntico; es claro que estamos frente a una especie de
globalización en diversos niveles y aquí, aparte de los tradicionalmente mencionados,
incluimos los de las conciencias y del discurso.
En tales condiciones, hablar de la calidad educativa puede
acarrear la falsa y peligrosa idea de establecer una educación basada en
criterios mercadotécnicos y productivistas. Las universidades, particularmente
las públicas, no pueden limitarse a una visión empresarial que privilegie la
formación de un “capital humano” dotado de conocimientos y habilidades con una
cierta “calidad” para insertarse “exitosa y productivamente” en el mercado. No
cabe duda que las universidades tenemos la responsabilidad de afrontar la
formación de ese “capital humano” que, remitiéndonos a la vieja y rica
tradición pedagógica, se entiende como un “conjunto de componentes
físico-corporales y cualitativos, habilidades, conocimientos, atributos,
técnicas especializadas, salud, calidad de hábitos laborales y similares que
conforman la capacidad individual para realizar un trabajo productivo y
aumentar el rendimiento económico positivo” (Espasa).
Pero esto no es sino una parte de la educación, aquella que se
refiere a la capacitación para el trabajo, a ello hay que añadir el desarrollo
libre del pensamiento crítico y de un espíritu universalista que constituyen, en
todo caso, la finalidad más importante y difícil de las instituciones de
educación superior.
Los datos son inquietantes, por lo menos ponen entre signos de
interrogación la aplicabilidad a las circunstancias que nos son propias de
ciertos parámetros de evaluación. Según los resultados del estudio “PISA” de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que se
presentó el panorama de la educación en el mundo en 2005, al evaluar el
desempeño de los estudiantes y la calidad de la educación, México quedó situado
en la posición 38 entre los 40 países que fueron objetos de tal indagación.
En la misma tesitura se encuentran los datos de la Academia Mexicana
de Ciencias, en los que se muestra que en México sólo 0.42% del PBI es
dedicado a la Ciencia y la Tecnología, mientras que en países como Vietnam aplican
2% al mismo rubro. En el estudio sobre “Reducción de la pobreza y crecimiento:
círculos virtuosos y círculos viciosos” elaborado por el Banco Mundial, se
revela que luego de los países del Sahara, que son los más pobres del mundo, los
de América Latina y el Caribe cargan la cruz de ser los países que muestran la
mayor desigualdad en todo el mundo. Tal falta de equidad se expresa, tal como lo
manifiesta dicho estudio, en que 10% de la población más rica acumula 48% de
los ingresos totales, mientras que 10% de los más pobres sólo acceden a 1.6%; en
las sociedades industrializadas, en cambio, 10% de los más ricos acceden a
29.1% del ingreso nacional y 10% de los más pobres a 2.5%.
Por su parte, el Banco Mundial, uno de los organismos
internacionales de crédito que fijó un conjunto de “recomendaciones” para
modelar las instituciones educativas de América Latina y el Caribe, con la
finalidad de afrontar exitosamente los retos del proceso de descentralización y
globalización, sostiene que: “a pesar del enorme avance que se ha producido en
las últimas tres décadas, la región de América Latina y el Caribe (ALC) aún sigue
rezagada respecto del mundo desarrollado en términos de educación. Esta brecha
se hace cada vez mayor en una economía global, donde el estudio, el
conocimiento y las destrezas específicas son más fundamentales que nunca para
obtener un salario con el cual vivir”.
Tanto para la Comisión Económica para América Latina, como para
el Banco Mundial, el modelo del Consenso de Washington aplicado a los llamados
“países emergentes” ha generado, en los últimos 26 años, más desigualdades
económicas y, por tanto y contradictoriamente a lo planeado, una mayor
marginalidad de la población respecto del mercado.
Aún aceptando la legitimidad científica de los criterios de la OCDE
en
la evaluación de la calidad de la educación, ésta sería sólo una aspiración en
nuestros paises pero, de ninguna manera, una realidad. Donde prevalece la
pobreza, la marginalidad y las bajas inversiones en educación es muy difícil plantear
la cuestión de la calidad sin caer en actitudes discrecionales.
De ahí que el tema sea controvertido y de ahí, también, podría
derivarse otra más de las sustanciales diferencias que existen entre lo que se
dice sobre la educación y lo que la educación es.
El panorama económico en el que se sitúa la educación nacional
no es el más adecuado para experimentar formas conocidas de control de la
población escolarizada y de los cuerpos académicos sino, quizás, para repensar
desde nuestras propias concepciones, desde nuestra propia identidad cultural y
desde nuestros propios valores y principios, cuáles son las modalidades más
adecuadas para reformar el sistema educativo nacional. Evidentemente la
cobertura de la educación superior es un aspecto fundamental para evaluar la
calidad de un sistema educativo. Bien sabemos que en las últimas décadas se ha
multiplicado el número de alumnos y alumnas en el nivel de educación superior,
tanto de licenciatura como de posgrado; pero también sabemos que las cifras
alcanzadas en términos del número de profesionales egresados y de
investigadores formados, son todavía muy bajas en comparación con otros países
incluidos en la evaluación de la OCDE.
Tenemos , según los datos del reciente Conteo del INEGI, a la
población dividida en dos: la mitad de la población es menor de 22 años y la
otra mitad mayor de esa edad. Esto significa que 50% está en la edad en la que
su incorporación a las diversas formas de la educación es imprescindible para
formarse como ciudadanos cultos, activos, y críticos y la otra mitad, la de
mayor edad, también.
El esfuerzo observado en el ámbito de la educación superior
para impulsar el desarrollo profesional del profesorado, la mayor participación
de académicos de tiempo completo con el grado de maestría o doctorado en las
diversas fases del proceso educativo, es loable y es una clara evidencia del
rumbo que han escogido las IES y que es, hoy día, motor de desarrollo.
La descentralización de la educación superior ha avanzado y tenemos hoy una
competencia sana y una colaboración notable entre las universidades de los
estados y del centro del país. La mejoría de las instalaciones de nuestras
entidades, aunque insuficiente, marca una dirección clara para su continuo desarrollo
y poder sustentar pertinentemente los procesos de docencia e investigación.
Ante un sistema de financiamiento regido por la incertidumbre y no adecuado
para la realización de una planeación de actividades a mediano y largo plazos,
las instituciones han logrado avances importantes en cuanto a la
autorregulación y transparencia de sus procesos administrativos. Si bien esto
ha sido significativo, una administración republicana no puede ser la única
alternativa de donde emerja la solución a los problemas generales de la
educación superior, pero sobre todo la posibilidad de ampliar la cobertura de
un sistema que permita una formación de calidad. ¿Pero cuál es esta?
Extraído de
José Lema LabadieReencuentro, diciembre, número 050
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco Distrito Federal, México