sábado, diciembre 29, 2012

Los principios de la democracia como fuente de valores

El siglo XXI nos pone ante nuevos y renovados desafíos ¿Qué valores debe encarnar la Escuela? Los principios de la democracia deben constituir un faro, para orientar nuestra búsqueda.



Por ser la democracia un invento histórico, una forma de ver el mundo, una cosmovisión construida a través del tiempo, se fundamenta en principios, que son al mismo tiempo criterios para la acción y valores orientadores en la incertidumbre. Estos principios se pueden enunciar así:

Principio de secularidad: todo orden social es construido, el orden social no es natural, por eso es posible el cambio.



Principio de autofundación: la democracia es un orden que se caracteriza por el hecho de que las leyes y las normas son construidas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos.



Principio de incertidumbre: no existe un orden ideal de democracia que podamos copiar o imitar; a cada sociedad le toca crear su propio orden democrático.



Principio ético: aunque no existe un orden ideal de democracia, todo orden democrático tiene como norte ético la dignidad humana y el cuidado de la vida. Los derechos humanos son el norte ético de todo proyecto democrático.



Principio de la complejidad: el conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos del orden democrático.



Principio de lo público: en la democracia lo público, lo que conviene a todos de la misma manera, se construye y se fundamenta desde la sociedad civil.



De estos principios de construcción se puede inferir un conjunto de valores que se requieren a nivel personal y social para hacer posible la democracia:

Del principio de secularidad se infiere la responsabilidad personal y social. Para la democracia no existe el destino, todo lo que es una sociedad y lo que en ella sucede son producto de los intereses y de la actuación de los ciudadanos que la conforman. Por eso ellos son los responsables del cambio.



Del principio de autofundacion se infiere la autorregulación personal y social. La libertad no es posible sino en el orden, pero el único orden que produce libertad es el que yo mismo construyo en cooperación con los otros para la dignidad de todos. La autorregulación es la base de la libertad y la autonomía.



De los principios de incertidumbre y complejidad se infiere el diálogo y la construcción colectiva de agendas y propósitos. Reconocer al otro como legítimo y diferente, que tiene otras formas válidas de ver y construir el mundo, es el fundamento del diálogo y la posibilidad de visualizar futuros compartidos. Esto supone personas dialógicas y solidarias.



Del principio ético se infiere la trascendencia. La capacidad de darle sentido a las actuaciones, las instituciones y las decisiones más allá del tiempo y del interés presente es la base de una sociedad que quiere proyectarse con dignidad en el tiempo.



Del principio de lo público se infiere la equidad. Por estar fundamentada en la diversidad, la democracia no busca la igualdad sino la equidad; lo cual significa trabajar organizadamente desde la sociedad civil para poder disponer y tener acceso a los bienes y servicios que nos hacen dignos a todos de la misma manera. La equidad en una sociedad depende de la cantidad y calidad de los bienes públicos disponibles.





Extraído de
Participación y valores ciudadanos
Tesis para la formación política del ciudadano
Bernardo Toro
En
EDUCACIÓN, VALORES Y CIUDADANÍA
Bernardo Toro y Alicia Tallone
Coordinadores



lunes, diciembre 24, 2012

La educación inclusiva es indispensable para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación


¿Es lo mismo “Derecho a la Educación” que “Derecho a la escolarización”? ¿Con qué criterios se puede asociar la idea de “Calidad Educativa”? ¿Con el de relevancia? ¿Con la equidad?



El derecho a la educación está ampliamente reconocido en el ámbito internacional y en las legislaciones de todos los países, pero este derecho se puede entender de manera amplia o restringida. En muchos casos se concibe como el mero acceso a la escolarización, lo cual conduce al desarrollo de políticas orientadas a aumentar la cobertura en desmedro de la calidad y la igualdad de oportunidades. Una concepción más ambiciosa del derecho a la educación aspira a que esta sea de igual calidad para todos, promoviendo los aprendizajes necesarios para el desarrollo personal y la participación en la sociedad, y el conocimiento y la vivencia de los derechos humanos.



En muchos países la calidad de la educación se asocia a criterios de eficacia y eficiencia, valorando aspectos tales como los niveles de acceso y conclusión de estudios, los índices de repetición y deserción, o los resultados de aprendizajes, especialmente en las áreas de lenguaje y matemáticas. Si bien estas dimensiones son importantes, desde un enfoque de derechos son insuficientes, una educación de calidad ha de ser además relevante, pertinente y equitativa (OREALC/UNESCO).



La relevancia hace referencia a las finalidades y contenidos de la educación. Una educación es de calidad si promueve el desarrollo de las competencias necesarias desde el punto de vista de las exigencias sociales y del desarrollo personal, es decir, si prepara para participar en la actual sociedad del conocimiento, acceder al mundo laboral y desarrollar el proyecto de vida en relación con los otros y ejercer la ciudadanía. Desde la perspectiva de la UNESCO, la educación ha de promover de forma equilibrada los cuatro pilares del aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y a vivir juntos.



La pertinencia alude a la necesidad de que la educación sea significativa para personas de distintos contextos sociales y culturas, y con diferentes capacidades, motivaciones e intereses, de forma que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura, mundial y local, y construirse como sujetos en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno y su propia identidad (OREALC/ UNESCO). Difícilmente las personas podrán construir las competencias necesarias desde el punto de vista de las exigencias sociales y del desarrollo personal, si no se consideran las diferencias individuales para aprender que son fruto de su origen social y cultural y sus características individuales.



La equidad, finalmente, significa que cada persona reciba los recursos y ayudas que requiera para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y aprender a niveles de excelencia, de forma que la educación no reproduzca las desigualdades de origen de los estudiantes ni condicione sus opciones de futuro. Para lograr los máximos niveles de excelencia y de equidad, es necesario promover ofertas diferenciadas, que den respuesta a distintas necesidades, estableciendo mecanismos de regulación por parte del Estado, que eviten la desigualdad, y proporcionando más recursos a los centros educativos con mayores necesidades.



Para que el derecho a una educación de calidad sea garantizado con justicia tiene que ser reconocido y aplicado igualitariamente a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. La inclusión de cualquier grupo pasa por una igualdad de derechos y por el respeto de sus libertades para lograr que todas las personas “sientan que forman parte” de la escuela y de la comunidad. En el ámbito de la educación, el instrumento internacional más importante contra la discriminación es la Convención contra la Discriminación en Educación (UNESCO). En ella se considera la discriminación como cualquier distinción, exclusión, limitación o preferencia basada en la raza, género, lengua, religión, motivos políticos u otros tipos de opinión, origen social y económico, país de origen, que tiene como propósito o efecto: limitar a determinadas personas o grupos su acceso a cualquier tipo y nivel educativo; proporcionar a determinadas personas una educación con estándares inferiores de calidad; establecer o mantener sistemas educativos o instituciones separadas para personas o grupos; o infligir a determinadas personas o grupos un trato incompatible con la dignidad humana. Si se concibe el derecho a la educación de forma más amplia, una significativa proporción de la población está excluida de este derecho.









Extraído de
La atención educativa a la diversidad: las escuelas inclusivas
Rosa Blanco
En Calidad, equidad y reformas en la enseñanza
Álvaro Marchesi
Juan Carlos Tedesco
César Coll
Coordinadores


martes, diciembre 18, 2012

La Equidad Educativa

La Equidad Educativa es un componente esencial dentro de la Calidad, por otra parte es necesaria para el logro de una sociedad más justa ¿Cuáles son los factores que inciden en el logro de la Equidad? Dentro de estos ¿Cuáles están dentro del sistema educativo? ¿Qué es necesario hacer?



Una sociedad más justa e igualitaria supone también una educación más justa e igualitaria. Si bien lo segundo no necesariamente causa lo primero –o al menos no es la única causa de lo primero–, lo que sí es cierto es que lo primero no puede darse sin que se dé lo segundo. Por tanto, si queremos una sociedad más justa, necesitamos una educación más equitativa.



Nuestras sociedades han producido una educación profundamente desigual. Los más pobres y quienes proceden de grupos culturales distintos a los de la cultura dominante  acceden menos a la escuela, permanecen en ella menos tiempo, transitan por ella de manera más atropellada, aprenden menos cuando están en ella y lo que aprenden les sirve menos para su vida actual y futura.



La desigualdad educativa afecta a los pobres, a los habitantes de zonas rurales, a los de zonas urbanas marginadas, a los de las regiones menos desarrolladas y, de manera especialmente cruda, a los pueblos indígenas.



Las causas de esta situación son históricas y actuales, por demás estudiadas y conocidas. Las hay propias del contexto de vida de los educandos y pertenecientes a la esfera de lo educativo –desde las grandes decisiones de política educativa hasta el actuar del docente en el aula–. El conocimiento de algunas de las causas del segundo tipo ha permitido combatir algunas desigualdades. Algunas de estas causas son las siguientes.



1. La educación en nuestros países ha llegado más tarde a las zonas más pobres y culturalmente más distantes de la cultura dominante. Esto ha implicado tres cosas al menos:



– Para cuando la educación llega a estas regiones, en las zonas urbanas y más desarrolladas se ha experimentado ya un proceso de inflación de los requerimientos educativos en el mercado de trabajo. La educación no funciona como mecanismo de movilidad social para estas poblaciones por esta razón.



– Se ha expandido un modelo de escuela que se va empobreciendo para dar cabida a poblaciones que nunca antes habían accedido a la misma. Así, si la escuela primaria tiene seis grados, pero con un maestro por grupo, en las escuelas rurales e indígenas se tiene un maestro para dos, tres o más grados escolares, porque el número de alumnos en estas poblaciones dispersas no amerita la presencia de un maestro por grupo. De la misma manera, si el modelo de escuela exige un director dedicado a la gestión escolar, en estas escuelas uno de los maestros, o el maestro de todos los grupos, funge como director. Esto le obliga a abandonar su docencia cuando debe llenar papeles o visitar la supervisión escolar y distrae de su actividad como docente.



– No se proporcionan insumos educativos en la cantidad y de la calidad con la que existen en las zonas urbanas y más desarrolladas. Esto es cierto de la infraestructura, del equipamiento y del material didáctico de las escuelas en zonas pobres y rurales, que a simple vista están más pobremente dotadas de bienes físicos y materiales. Pero ocurre lo mismo respecto de los recursos humanos. A las zonas más pobres, dispersas y culturalmente distantes de la cultura dominante se envían docentes que no han sido formados como tales, incluso cuando históricamente esto hubiera sido posible hace ya varios años.



2. Muy relacionada con lo anterior está la lógica de crecimiento lineal del sistema educativo. No se ha pensado que amerite ofrecer niveles superiores de educación cuando todavía, en alguna determinada región, la educación primaria no se ha universalizado. De esta forma, se pierde la ocasión de formar personas de la región y de la cultura específica a niveles educativos más altos que puedan participar en el desarrollo regional e incluso en el desarrollo educativo.



3. El sistema educativo decidió que era más importante crecer que asegurar calidad. Atendiendo a la igualdad de oportunidades, se decidió, en la mayoría de nuestros países a mediados del siglo pasado, asegurar el acceso a la educación construyendo escuelas y dotándolas de maestros en todos los rincones del país. Se consideró que de la calidad podríamos ocuparnos más tarde. El problema, sin embargo, es que, al no ofrecer calidad, no pudo tampoco garantizarse la cantidad deseada y necesaria, pues la escuela no fue lo capaz que se suponía de atraer y retener a alumnos que por primera ocasión en su familia asistían a la escuela.



4. No se ha propiciado la participación de la comunidad en la escuela más allá de la económica y material, justamente en el sentido de la exigencia de calidad desde la misma. Ante la realidad desigual ya descrita, se distribuye también de forma desigual la capacidad de participación y exigencia, y ello retroalimenta un funcionamiento diferencial de las escuelas que atienden a diversas poblaciones, en perjuicio, claro está, de las que operan en zonas empobrecidas.



El resultado de lo anterior es la enorme desigualdad de nuestros sistemas educativos, junto con su capacidad perdida de resultar un mecanismo de movilidad social entre la población más pobre. Nuestros sistemas educativos reflejan la polaridad en la distribución de los ingresos que, como sabemos, es mayor en América Latina que en el resto de las regiones del mundo.



Si queremos un sistema educativo más equitativo, si compartimos el supuesto de que es imposible lograr una sociedad más equitativa sin una educación bien distribuida, y si creemos en el poder formativo de la educación para la construcción de ciudadanía, se requieren serias y fuertes rupturas en nuestra forma de planear su crecimiento y expansión.



Una educación bien distribuida supone que se distribuye calidad educativa, es decir, una educación capaz de producir aprendizajes útiles para la vida actual y futura de sus educandos en las esferas personal, familiar, cívica y económico-laboral. Una educación bien distribuida supone poder arribar a puntos de llegada comunes desde puntos de partida sumamente diversos, lo que implica necesariamente currículos flexibles y capacidad de adaptación curricular y metodológica, por parte de los docentes, a las características específicas de un alumnado social y culturalmente diverso. Una educación bien distribuida también supone poder atender necesidades educativas propias de poblaciones específicas y lograr con ellas los aprendizajes necesarios para enfrentarlas. El dominio oral y escrito de la lengua propia es una de estas. Para poder lograr lo anterior, una educación bien distribuida implica equidad en la distribución de recursos materiales y humanos. Equidad, como bien sabemos, no es dar lo mismo a todos (eso sería igualdad), sino dar a cada quien lo que necesita, y más a los que más lo necesitan.



Si seguimos con más de lo mismo, expandiendo modelos empobrecidos de escuela conforme se va extendiendo el sistema educativo horizontal y verticalmente, nunca resolveremos nuestro problema de desigualdad. Distribuir calidad supone, necesariamente, no solo igualar, sino compensar en la dotación de infraestructura y, sobre todo, de equipamiento y materiales educativos. Distribuir calidad supone, prioritariamente, asegurar que los docentes sepan su materia, sepan enseñarla, sean capaces de trabajar en equipo y comprendan la importancia de una escuela y de un aula que acoge, respeta y atiende a sus alumnos y a la comunidad a la que sirven. Distribuir calidad supone armar mesoestructuras capaces de apoyar a las escuelas a realizar sus propias búsquedas de solución de problemas y mejoramiento de la calidad con cada vez más alumnos, mediante insumos para la planeación y para el trabajo en equipo; dotación de materiales curriculares y didácticos; capacitación de docentes en ejercicio en cuestiones de dominio de su materia, didáctica para el logro de los objetivos educativos, manejo socioafectivo del salón de clases; arreglos cooperativos y participativos del trabajo en aula, prevención de la reprobación, cuidado de la equidad desde el aula y la escuela, manejo de métodos de aprendizaje por descubrimiento, diseño curricular y diseño de materiales didácticos, entre otras cosas.



Será necesario dotar a todas las regiones de los países de todos los niveles educativos, incluyendo la formación inicial de docentes y la educación superior. De esta manera podrá asegurarse un flujo de recursos humanos formados, con orientación regional en algunos casos, que pueda fortalecer el desarrollo económico, social, cultural y educativo de cada una de estas regiones y disminuir con ello las grandes diferencias en el desarrollo regional de nuestros países.



Habría que desistir de la idea de remedar el modelo educativo que surge para atender a la clase media urbana al instalar escuelas en zonas diferentes. Ante una realidad que reconocemos como compleja y heterogénea, se hace necesario diseñar formas de atención que se adapten con calidad a las características de cada zona y de cada pueblo, en lugar de esperar, infructuosamente, que la población se adapte a la escuela tradicional y centralizada. Estos modelos en plural deberán ser flexibles para permitir la creatividad tanto de los equipos docentes como de la comunidad para responder mejor a las características diversas de contextos específicos.



Como ya indicábamos, hay propósitos educativos que deben ser los mismos para toda la población. Hay, sin embargo, otros que deben ser distintos. Los planes y programas de estudio tradicionalmente han enfatizado los conocimientos. No es sino hasta recientemente cuando se reconoce que estos deben priorizar las habilidades básicas y superiores y los valores de convivencia, y que los conocimientos son los insumos necesarios con los cuales estos se desarrollan. El logro de habilidades básicas y superiores de pensamiento, así como de valores para convivir en sociedades democráticas, es claramente un propósito universal. Los conocimientos que han de manejarse para desarrollar dichas habilidades y valores son, algunos de ellos, universales –sobre todo, los necesarios para desarrollar estas habilidades y valores–, pero los más son contextualizables, es decir, pueden partir de lo que los alumnos ya saben, de lo que ocurre en su medio, de su propia cultura, de las necesidades del contexto, de lo que les despierta interés y capacidad de asombro. Ello permite dotar de pertinencia a la educación que se ofrece en medios diversos. La habilidad fundamental a lograr es la de saber y querer seguir aprendiendo. Lo importante es que los alumnos puedan acceder a información y conocimientos cuando los requieran. Un valor indispensable a desarrollar en los alumnos es el gusto por aprender. Querer seguir aprendiendo a lo largo de la vida, porque en la escuela se desarrolló el gusto por aprender además de las habilidades para hacerlo, debe ser un propósito fundamental.



Sostengo en este trabajo que otra ruptura necesaria es la de evitar segregar a la educación para los indígenas. Sabemos bien que esta segregación –como cualquier segregación– produce a la postre desigualdad. Los indígenas deben ser atendidos desde el corazón del sistema educativo, no desde un subsistema segregado y marginado. Es el corazón del sistema educativo el que tiene que aprender a atender su diversidad. Así, las escuelas regulares que trabajan en zonas indígenas tendrían que tener maestros que hablan la lengua indígena para poder manejar la enseñanza de la lengua indígena y en la lengua indígena. Pero también deben tener maestros capaces de enseñar bien la lengua dominante y en la lengua dominante. Y las escuelas deben manejar los mismos estándares de calidad, ser juzgadas con parámetros similares y ser apoyadas con la misma (o mayor) intensidad.



Por último, será necesario emprender proyectos fuertes de formación de la demanda, para volverla exigente respecto de la calidad del servicio educativo. Eso implica que las comunidades conozcan los objetivos de la escuela y de cada uno de sus grados escolares, los requerimientos mínimos de asistencia y puntualidad de los docentes, las formas previstas de operación regular de las escuelas, la vinculación que la escuela debe mantener con la comunidad y con los padres de familia, y los derechos y obligaciones de estos últimos respecto de la escuela. Además, habrá que establecer mecanismos que favorezcan la participación de las comunidades en las decisiones escolares y en su funcionamiento cotidiano, pero también canales para presentar quejas y solucionar problemas sobre el funcionamiento de la escuela. Habrá que asegurar que las propuestas de la comunidad sean efectivamente escuchadas, y atendidas o discutidas según sea el caso, y propiciar que las decisiones entre escuela y comunidad se tomen por consenso y estén orientadas al mejor aprendizaje de los alumnos.





Extraído de
Equidad, diversidad, interculturalidad: las rupturas necesarias
Sylvia Schmelkes
En
Calidad, equidad y reformas en la enseñanza
Álvaro Marchesi
Juan Carlos Tedesco
César Coll
Coordinadores

martes, diciembre 11, 2012

El desarrollo de Escuelas Inclusivas o Escuelas para Todos


La escuela puede segregar y seleccionar, o incluir, esto constituye una dimensión más en el concepto de Calidad Educativa ¿Qué aprendizajes estimulan las escuelas inclusivas? ¿Qué relación tiene con los valores?



La tensión entre segregación e inclusión está presente en todos los sistemas educativos del mundo. En algunos países se busca proporcionar a todos las mismas oportunidades para aprender promoviendo el desarrollo de escuelas que den cabida a la diversidad del alumnado, mientras que en otros se tienen diferentes tipos de escuelas para distintos grupos de alumnos. Una escuela inclusiva es en esencia una escuela democrática y plural que acoge a todas las personas de la comunidad, sin mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, y transforma su cultura, organización y propuesta pedagógica para que todos los estudiantes participen y tengan éxito en su aprendizaje.



Una cultura inclusiva se caracteriza por un ambiente de acogida y apoyo, en el que todas las personas de la comunidad educativa son igualmente respetadas y valoradas, y en el que se tiene la firme creencia de que todos los estudiantes pueden tener éxito en su aprendizaje si reciben los recursos y las ayudas necesarias. Las escuelas inclusivas parten del supuesto de que los alumnos con capacidades y experiencias distintas aprenden mejor juntos interactuando entre ellos, por lo que el aprendizaje cooperativo es una estrategia privilegiada. La participación es otro elemento fundamental de una escuela inclusiva y un derecho fundamental de los estudiantes, que requiere ofrecer múltiples oportunidades para que todos participen lo más posible del currículo y de las actividades escolares, así como establecer canales de gobierno democrático, de forma que toda la comunidad educativa esté involucrada en la toma de decisiones que le afecta.



Las escuelas inclusivas favorecen el aprendizaje de todos los estudiantes y la integración y cohesión social
La heterogeneidad u homogeneidad en los agrupamientos de los estudiantes es un debate constante en los sistemas educativos. Las escuelas homogéneas impiden a los estudiantes aprender de otros con experiencias distintas a las propias y no contribuyen al fortalecimiento de la ciudadanía ni a la democracia. Las escuelas heterogéneas, por el contrario, aseguran la igualdad de oportunidades, son más innovadoras, logran mejores aprendizajes y un mayor desarrollo profesional de los docentes.


Los beneficios de la diversidad en el aprendizaje están ampliamente documentados. Numerosos autores han mostrado el efecto positivo de los pares en el rendimiento académico, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal. Los resultados de PISA 2003 muestran que la existencia de diferentes formas de selección académica no tiene una relación significativa con el nivel global del desempeño de los países, explicando entre un 6 y un 10% de la varianza de los resultados y, sin embargo, atentan contra la equidad. Por su parte, el Segundo Estudio Comparativo y Explicativo (SERCE) ha constatado que la segregación escolar por condiciones socioeconómicas y culturales afecta negativamente al aprendizaje, siendo la segunda variable en importancia para explicar el nivel de desempeño de los estudiantes, especialmente en el área de lenguaje.


La segregación, además de ser un acto discriminatorio, genera fuertes desigualdades y reproduce la segmentación social y la fragmentación cultural. El hecho de que determinadas escuelas sean excluyentes conlleva que aquellas que aceptan a todos, especialmente las públicas de contextos más desfavorecidos, terminen concentrando un alto porcentaje de estudiantes con mayores necesidades educativas que no pueden ser atendidas adecuadamente con los recursos disponibles, por lo que difícilmente se podrá ofrecer una educación de calidad a todos los alumnos. Se da entonces la paradoja de que las escuelas que reciben a todos, haciendo efectivo el derecho a la educación, se encuentran en una situación de desventaja, especialmente en aquellos sistemas educativos donde los incentivos están asociados a los resultados de aprendizaje de los alumnos.



Es preciso revisar las políticas de admisión y adoptar medidas legales para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en las escuelas públicas, o financiadas con fondos públicos, de forma que haya una distribución equilibrada en los centros de aquellos estudiantes con mayores necesidades. No obstante, igualmente habrá escuelas que por diferentes causas tendrán un mayor porcentaje de estos estudiantes, y será necesario desarrollar sistemas de apoyo y proporcionar recursos adicionales para asegurar que tengan éxito en su aprendizaje.



Las escuelas inclusivas son un medio fundamental para aprender a vivir juntos y construir la propia identidad
La diversidad implica participar en los valores democráticos y cultivar la solidaridad. Una de las finalidades que se atribuye a la educación en los diferentes instrumentos de carácter internacional es la de fomentar la comprensión, la tolerancia y las relaciones entre todas las naciones, grupos religiosos o raciales, y el mantenimiento de la paz. Para lograr este objetivo es imprescindible que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de educarse en escuelas que eduquen en y para la diversidad, desarrollando valores y actitudes de solidaridad y valoración de las diferencias, y respetando los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz; es decir, aprendan a vivir juntos (UNESCO).



La percepción y la vivencia de la diversidad permiten, por otra parte, construir y reafirmar la propia identidad y distinguirse de otros. El ser humano se realiza plenamente como miembro de una comunidad y una cultura, pero también en el respeto a su individualidad, por lo que otro aspecto fundamental de la educación ha de ser “aprender a ser”, que es fundamental para conocerse y valorarse a sí mismo y construir la propia identidad, para actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal en las distintas situaciones de la vida (UNESCO).



La inclusión en la sociedad o en la escuela no puede hacerse a costa de negar o desvalorizar la identidad personal y cultural porque, además de vulnerar un derecho fundamental de las personas, no se logrará una verdadera participación ni un aprendizaje efectivo. Los estudiantes que pertenecen a los grupos sociales y culturas con menor vinculación a la cultura escolar tienen normas, valores, creencias, comportamientos y visiones del mundo que no son considerados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual conduce a un sentido de no pertenencia y a un menor progreso que en muchos casos termina en el abandono de la escuela. La desvalorización de los saberes y experiencias que aportan los estudiantes dificultará que realicen aprendizajes significativos, desmotivándose al no percibir la pertinencia de los contenidos en relación consigo mismos y con su contexto.







Extraído de
La atención educativa a la diversidad: las escuelas inclusivas
Rosa Blanco
En
Calidad, equidad y reformas en la enseñanza
Álvaro Marchesi
Juan Carlos Tedesco
César Coll
Coordinadores



martes, diciembre 04, 2012

Consideraciones sobre la formación de ciudadanos

Uno de los pilares fundamentales de la Calidad Educativa es el de “Aprender a convivir”, y esa vida en común debe ser democrática, ejerciendo una ciudadanía plena ¿En qué se debe basar toda política que pretenda mejorar este aspecto? ¿Enseñar a convivir es parte de la Calidad Educativa?



La educación para la ciudadanía y la convivencia requiere de acciones que afecten a toda la población.
 La educación para la ciudadanía no puede ser un objetivo dirigido solamente a las generaciones más jóvenes, a la infancia y a la juventud. Una de las dimensiones de una ciudadanía buena es una buena convivencia. Y esta es cuestión que concierne también a las generaciones posteriores. Estimar la convivencia como algo valioso depende en gran medida de si se ha crecido en contextos en los que esta ha sido buena. Los contextos de crianza y de educación no formal e informal son espacios de aprendizaje que pueden colaborar eficientemente a alcanzar los objetivos que persiguen el sistema educativo y la escuela, en tanto que ámbitos de educación formal, o que, por el contrario, pueden dificultar e incluso impedir el logro de los mismos. Por ello, proponernos la formación de ciudadanos y ciudadanas supone emprender acciones que afecten a toda la población.



Una formación en ciudadanía que estime la justicia y la equidad, requiere dirigentes que la practiquen
Una ciudadanía buena también vela por los valores justicia y equidad. La lucha por conseguir que cada vez más nuestras sociedades sean comunidades justas y democráticas, y por que la sociedad en general goce de más equidad, es cuestión de todos. Pero en especial lo es de aquellos que tienen más capacidad de decisión y a los que, por tanto, les es más exigible responsabilidad social y responsabilidad ética. El comportamiento de los gobernantes, de los líderes empresariales y sindicales, de los directivos, y también el de los directores de los medios de comunicación genera modelos, formas de actuar y de pensar, susceptibles de ser imitados a pequeña escala y con un efecto multiplicador. De esta forma, su comportamiento puede contribuir a que nuestras sociedades y la sociedad en general sean más equitativas e inclusivas o, por el contrario, incrementar las desigualdades y propiciar más vulnerabilidad y exclusión social. En suma, diríamos que generan un clima social que afecta al mundo del trabajo y al de la familia, y que puede contribuir a que la ciudadanía más joven estime la justicia y la equidad como algo valioso y además posible, o a que, por el contrario, en el mejor de los casos reconozca estos elementos como valores, aunque ajenos a este mundo y, por ello, escasamente factibles.



Conviene establecer alianzas entre los diferentes agentes de socialización potencialmente educadores como, entre otros, la familia, los medios de comunicación y la comunidad local o la ciudad, con el objetivo de generar más confianza activa y capital social



Hay factores con una potente incidencia en la formación en valores de los más jóvenes y también en su formación como ciudadanos, que conviene tener en cuenta. Entre ellos, la familia, los amigos y compañeros, los espacios de ocio y diversión, los entornos de juego, aprendizaje y comunicación, y el reflejo que los medios de comunicación proporcionan de los valores, cosmovisiones, modelos y estilos de vida de los líderes políticos y personalidades del mundo de la cultura, el deporte y el espectáculo. La construcción de las diferentes identidades personal, comunitaria a nivel local, de país y nación, de Estado y supranacional se teje en las redes sociales –hoy ampliadas gracias al desarrollo de la tecnología y la globalización de la información– y se consolida mediante la práctica social y comunicativa en la comunidad de la que nos sentimos miembros.



Los procesos de aprendizaje social que acontecen en los contextos de educación informal, pueden ser tan potentes o más que los que nos proponemos en los contextos de carácter formal, y la continuidad educativa entre contextos que se genera, si estos comparten expectativas y valores, es un factor que puede consolidar vínculos de confianza entre los miembros de una comunidad, fomentar la aceptación de normas y crear más capital social. Sin estos ingredientes es difícil que los miembros de una comunidad se interesen por ser buenos ciudadanos y que las generaciones más jóvenes comprendan la necesidad y el auténtico sentido de su formación como tales.


Conviene abordar la educación para la ciudadanía no solo como una actividad curricular. Por todo lo expuesto anteriormente, conviene abordar la educación para la ciudadanía no solamente como una actividad curricular específica con un temario concreto y un horario determinado. Ni siquiera como un conjunto de actividades organizadas sistemáticamente de manera transversal en las diferentes asignaturas o materias de un plan de estudios. Conviene abordar la educación para la ciudadanía, también, desde una perspectiva no formal e informal de la educación. Esto no significa que podamos olvidar su tratamiento curricular específico y su tratamiento transversal; muy al contrario, debemos conservar y cultivar espacios reservados a este fin en los centros docentes, aunque no limitarnos a ellos.







Extraído de
Educación y ciudadanía en sociedades democráticas: hacia una ciudadanía colaborativa
Miquel Martínez Martín
En
EDUCACIÓN, VALORES Y CIUDADANÍA
Bernardo Toro y Alicia Tallone
Coordinadores

miércoles, noviembre 28, 2012

Necesidad de la formación ciudadana

En sociedades como las nuestras, donde se hace cada vez más difícil la reflexión en común, la Calidad Educativa no puede ser un concepto impuesto desde el exterior ¿Qué escuela  necesitamos? ¿Para qué sociedad? ¿Es nuestra democracia, una adecuada forma de convivencia? ¿Cómo mejorarla? ¿A qué valores apuntar?



Una educación de calidad no es posible sin educar en valores que permitan vivir de manera sostenible y sustentable tanto a nivel personal como laboral y comunitario
La educación en la sociedad de la información, que ojalá fuese también la del conocimiento y el aprendizaje continuo para todos, debe permitir que las personas seamos funcionalmente competentes para gobernar nuestras vidas. Debe promover que seamos funcionalmente alfabetos y capaces de movilizar nuestros conocimientos, habilidades y actitudes, para poder regular nuestra vida de forma sostenible y para disponer de criterio propio. La profusión de información, el avance en las tecnologías y la diversidad han provocado que este mundo global -sin fronteras para algunos- haya llegado a cuotas de complejidad tales, que hacen que no pueda ser abordado de forma satisfactoria en clave de simplicidad. Además, nuestra sociedad se caracteriza por mantener, e incluso agudizar, profundas desigualdades en el acceso y disfrute de derechos así como en la exigencia y cumplimiento de deberes. En definitiva, nos encontramos ante un mundo complejo y plural que requiere transformaciones en aras de una mayor justicia y equidad. Es necesaria más formación para poder participar en los asuntos públicos propios de una ciudadanía activa. De lo contrario, ni la sostenibilidad comunitaria, ni tan siquiera la laboral y la personal serán alcanzables en sociedades plurales y diversas como las actuales en esta época de globalización.



Por ello, actualmente, la educación adquiere una relevancia especial para aquellos que creemos que a través de ella es posible la transformación de nuestra sociedad en otra más digna, inclusiva, cohesionada y equitativa. Obviamente será difícil tal transformación si la educación -en primer lugar el sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación infantil hasta la universitaria y la profesional- no se plantea con el mismo interés avanzar hacia un modelo que garantice, a la vez que calidad en los aprendizajes, competencia en los jóvenes para una adecuada incorporación al mundo del trabajo, más equidad y más inclusión social. Una sociedad inclusiva, equitativa y digna es aquella en la que sus ciudadanos, además de practicar una ciudadanía activa, son personas con criterio propio, que valoran el esfuerzo y la superación personal en el mundo del estudio y del trabajo, que procuran la felicidad, respetan la diversidad y son capaces de tomar decisiones con responsabilidad. Así pues, la preparación para el mundo del trabajo y la formación para una ciudadanía activa se están convirtiendo en los dos objetivos más relevantes de la educación para las próximas décadas.



Aprender a vivir de manera sostenible a nivel comunitario y ciudadano en un mundo complejo supone aprender a valorar lo más próximo: por una parte, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra civilización y nuestro país -mundo de los sentimientos-; saber argumentar su valor, comunicarlo y poder así compartir con otros lo valioso de sus mundos -mundo de la competencia comunicativa y del lenguaje-, por otra; y finalmente, aprender a tener criterio propio, saber optar con responsabilidad en este mundo complejo y diverso, y saber construir conjuntamente criterios y principios de valor compartidos que garanticen la convivencia intercultural en sociedades plurales -mundo de las competencias éticas y ciudadanas-. Estas son, a mi juicio, necesidades formativas que no siempre se aprenden de manera informal e incidental. Por ello y porque es razonable querer garantizar esta formación para toda la población, conviene plantear la necesidad de formar ciudadanos y ciudadanas, y entender que los anteriores objetivos son los primeros que cabe atender en toda propuesta de educación para la ciudadanía.



Conviene disponer de un espacio para practicar lo que significa ser ciudadano desde los primeros años de escolaridad, así como para reflexionar sobre lo que supone serlo
Además de lo argumentado hasta aquí, quisiera formular otra razón más a favor de la necesidad de educar para la ciudadanía en época de globalización, y en esta ocasión sí que me referiré en especial a la escuela como institución privilegiada. Si revisamos los estudios e informes recientes sobre la calidad de la educación en el mundo, es fácil comprobar cómo en ellos se insiste en plantear ocho ámbitos de aprendizaje: lingüístico, numérico, científico, tecnológico, cultural, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a ser un buen ciudadano. La Unión Europea reconoce estos factores como competencias básicas de la educación. No obstante, algunos pensamos que convendría establecer un noveno ámbito: el de la filosofía para reflexionar sobre los demás, para desarrollar la capacidad de pensar y el espíritu crítico, y para saber justificar los valores morales.



Aprender a ser un buen ciudadano precisa de cierto saber filosófico que, aunque no sea especializado, permita distinguir lo justo de lo injusto, ser prudente en nuestros juicios y distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es. No es un saber fácil, pero resulta conveniente y, por ello, es necesario cultivarlo. Educar para la ciudadanía supone apostar por un modelo pedagógico -especialmente en la escuela y a partir de los primeros años de escolaridad- en el que los escolares aprendan a construir y construyan con criterio propio su modelo de vida feliz, aprendiendo al mismo tiempo a contribuir a la construcción de un modo de vida en comunidad justo y democrático. Esta doble dimensión -individual y relacional, particular y comunitaria- debe conjugarse en el mismo tiempo y espacio, si lo que pretendemos es construir ciudadanía y, sobre todo, si esta se pretende construir en sociedades plurales y diversas.



No todos los modelos de vida feliz son compatibles con los modelos de vida justos y democráticos en comunidad. La segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por la lucha y la conquista profundas de los derechos humanos. En el siglo que iniciamos esta lucha debe ser completada -no sustituida, pero sí completada- con la conquista del cumplimiento a fondo de los deberes que, como seres humanos, hemos de asumir en nuestra convivencia diaria.



Las transformaciones sociales y tecnológicas, los movimientos migratorios y el carácter interconectado que acompaña al proceso de globalización que estamos viviendo, plantean a las sociedades más desarrolladas, y concretamente a los sectores más favorecidos de estas, retos que exigen respuestas difíciles de dar de forma natural. Los sectores más favorecidos de nuestro mundo, y en especial los que disfrutamos del llamado “primer mundo”, debemos priorizar en nuestras políticas educativas acciones orientadas a la formación de una ciudadanía activa, que sea capaz de dar respuesta a estos retos. Retos que probablemente supondrán confrontación con la aceptación de límites a comportamientos excesivamente centrados en el derecho a tener derechos y poco comprometidos con los derechos de los demás; es decir, con asumir deberes con la humanidad, cuando estos comporten límites a los derechos propios. Vivimos en una sociedad donde impera la diversidad -diferencia- y es este un factor que puede provocar un aumento de las desigualdades. Avanzar hacia una sociedad inclusiva en contextos de diversidad y de diferencia exige formar no solo ciudadanos que defiendan y luchen por sus derechos de primera y segunda generación, sino que también reconozcan la diferencia como factor de progreso y estén dispuestos a luchar por los derechos de los demás para evitar desigualdades, aunque sea a costa de perder determinados niveles de disfrute de estos derechos de primera y segunda generación de los que ahora gozamos algunos, y que en parte son causa de las situaciones de desigualdad en nuestro mundo. Formar una ciudadanía que procure la transformación de nuestra sociedad en una sociedad más justa y equitativa no es fácil y no se trata de un reto que pueda confiarse únicamente a la familia y a los agentes de educación no formal e informal.



Este modelo de ciudadanía activa es necesario y no se improvisa. Ignorar su necesidad solo es propio de sociedades terminales, en las que algunos necios pretenden el logro del máximo beneficio particular en detrimento del bien común, olvidando que incluso el disfrute de los bienes particulares, para que sea feliz y gratificante, precisa de un clima de convivencia y paz, difícil de mantener si olvidamos cultivar y consolidar tal bien común. Educar en función de este modelo de ciudadanía requiere acciones pedagógicas orientadas a la persona en su globalidad, a la inteligencia, a la razón, al sentimiento y a la voluntad. La escuela es la institución que mejor puede desarrollar esta tarea en la infancia y la juventud. La escuela es un buen espacio para aprender a vivir en comunidad, disfrutando derechos y compartiendo deberes, para ser reconocido como persona y reconocer a los otros como tales, para aceptar normas y participar en su transformación y mejora. Pero la escuela también puede ser un espacio donde aprender a ser vulnerable y excluido, donde se enseña a respetar normas en las que no se puede incidir ni trabajar por mejorarlas, donde se aprende a cumplir con lo establecido y a someter la propia voluntad a la del más fuerte. La escuela es una pieza clave en la manera en cómo nos iniciamos en la vida ciudadana.



El trabajo y la familia han sido hasta ahora fuentes de identidad y de promoción de sentimientos de ciudadanía. Hoy en día, la naturaleza cambiante del trabajo por un lado, y, por otro, las diferentes y múltiples variables que configuran los diferentes estilos de vida familiar, han hecho que estos dos factores pierdan en parte su carácter de fuente de identidad. La escuela permanece como uno de los pocos espacios de creación de un cierto sentido de ciudadanía. A pesar de que algunos piensan que este tipo de formación debería formar parte del ámbito privado-familiar, entendemos que, al margen de la lógica influencia de la familia y de las instituciones y organizaciones religiosas y/o políticas, la sociedad ha de garantizar una formación de la infancia y la juventud adecuada y suficiente en este ámbito. Y la escuela es para ello el instrumento óptimo.



Es necesario aprender a estimar los valores de la democracia en sociedades globalizadas.
En época de globalización, la necesidad de contar con unas raíces sólidas que den sentido ético a nuestras vidas e identidades culturales diversas, junto con la búsqueda de criterios que regulen la convivencia y que garanticen la construcción de una sociedad democrática son factores que reclaman un modelo de educación en valores diferente al de épocas anteriores. En párrafos precedentes ya se han apuntado algunos de los valores a considerar, tales como la sostenibilidad frente a la innovación y el crecimiento ilimitado, la interculturalidad ante la diversidad y la segregación cultural, o el fomento de la equidad para hacer frente a la exclusión social. Norbert Bilbeny, al referirse a estos valores en el marco de valores democráticos en la cultura global, distingue entre valores inherentes, transformaciones negativas y correcciones democráticas. Entre los valores inherentes encontramos conceptos como globalidad informativa, diversidad cultural e innovación. La segunda categoría engloba términos como exclusión social, segregación cultural y crecimiento ilimitado. Y al hablar de correcciones democráticas nos referimos a equidad, interculturalidad y sostenibilidad, por ejemplo. Obviamente la educación no puede por sí sola evitar que la globalización muestre su perfil destructivo y genere transformaciones negativas, pero sí puede contribuir a denunciarlas, e incluso corregirlas, formando ciudadanos y ciudadanas democráticos. La democracia es el mejor aliado. Son necesarios los actos de denuncia y solidaridad, pero sobre todo es necesario formar una sociedad democrática que promueva gobiernos capaces de desarrollar políticas públicas en favor de la justicia, la equidad y la convivencia intercultural.



De nuevo, y con tal de aprender a apreciar y estimar estos valores, es necesaria la escuela. Es necesaria una escuela que forme para la participación activa, que forme en la implicación en la comunidad y, a su vez, en la defensa y profundización de estilos de vida y formas de organizar una sociedad guiada por criterios de equidad, tolerancia y justicia a nivel global. Conviene una escuela que suponga en sí misma un espacio donde degustar los valores que creemos merece la pena aprender, con tal de poder profundizar en la democracia.



Profundizar en la democracia en un mundo globalizado significa avanzar en el logro de los objetivos que marca una concepción activa de la ciudadanía como superación del modelo de ciudadanía propia de las democracias representativas. Es necesario avanzar hacia una concepción de la ciudadanía que vaya más allá de la ciudadanía social planteada por Marshall y que se sitúe en el tránsito entre la sociedad industrial y la sociedad de la información. Se trata de un ideal de ciudadanía propio de democracias participativas, que supone reconocer la insuficiencia de la democracia actual y la necesidad de profundizar en ella. Hablaríamos de una ciudadanía activa, que procura que las personas se comprometan y estén en condiciones de participar en procesos de deliberación y de toma de decisiones en condiciones públicas.

Pero conviene matizar con mayor detalle el significado del concepto ciudadanía activa. El carácter polisémico del término “ciudadanía” permite que todos hablemos de él sin referirnos a lo mismo. Por esta razón, entre otras, puede resultar fácil alcanzar acuerdos sobre el papel en cuestiones relacionadas con la ciudadanía y sus derechos; o incluso, referirnos a la educación para la ciudadanía desde posiciones bien diferentes, aun utilizando los mismos términos.



Existen dos posiciones básicas y diferenciadas al respecto. En una de ellas están los que se refieren a una ciudadanía claramente despolitizada y en la otra aquellos que no pueden entender un ideal de ciudadanía sin voluntad política y de transformación social. Nuestra propuesta sobre ciudadanía activa se sitúa en la segunda de las posiciones.



En el fondo, el concepto de ciudadanía tiene que ver con las diferentes concepciones y maneras acerca de cómo nos relacionamos las personas con el mercado y con la comunidad política. En torno a estos tres factores -persona, mercado y comunidad política- se generan distintas percepciones con respecto a la ciudadanía activa. Respecto a las dos posiciones mencionadas, la primera corresponde a una concepción neoliberal de ciudadanía; una concepción despolitizada, en la que se entiende que la ciudadanía como tal no es promotora -ni podrá serlo- de más igualdad ni de más justicia y que se ciñe, en todo caso, al ejercicio de unos derechos civiles y políticos. Esta concepción de ciudadanía comporta educar en el cumplimiento de las normas, en el ejercicio de la responsabilidad -aunque fundamentalmente se refiere a una responsabilidad personal y social, y no tanto a una responsabilidad ética- y en mayor o menor medida es ajena a las cuestiones relacionadas con los derechos sociales y a las iniciativas de participación ciudadana a favor de procesos de transformación social o por una mayor igualdad. Se trata de una concepción de ciudadanía, como señala Anna Ayuste, que entiende que el paro, la desocupación laboral, la pobreza o la exclusión son algo propio de determinados colectivos y que tienen causas subjetivas, culturales, e incluso -alguien puede llegar a opinar- naturales. Son planteamientos sobre ciudadanía que sostienen que, en principio, no hay necesidad de respuestas sociales a este tipo de temas y en los cuales el ciudadano es fundamentalmente tomado como un consumidor, como un sujeto centrado fundamentalmente en sus intereses. Se trata de un tipo de ciudadanía muy escasa de solidaridad, que a lo sumo contempla la caridad y el voluntarismo. Un modelo de ciudadanía que puede llegar a promover el voluntariado, pero que no integra la solidaridad ni como valor ni como deber. En definitiva, y simplificando, que aboga por una ciudadanía en la que la transformación social no preocupa.



La ciudadanía activa -la que nos ocupa- se sitúa en una posición bien distinta; plantea un modelo en el que la sociedad civil ha de ser la protagonista o en el que, por lo menos, esta debe incrementar su protagonismo en las cuestiones públicas y en la toma de decisiones. Es una concepción sobre la ciudadanía que pretende integrar los derechos civiles y políticos con los derechos sociales. De poco sirve tener derecho a la vivienda y a la educación, si en la práctica no es posible el acceso a ellas. Es una posición sobre el ideal de ciudadanía que hace patente la insuficiencia de los sistemas de democracia representativa y que aboga por una ciudadanía que amplíe los intereses de la sociedad civil hacia un compromiso con la igualdad y la inclusión social.



Por ello, la lista de valores que conviene aprender a estimar para poder profundizar en la democracia, debe incorporar junto a los valores de libertad, diversidad y tolerancia, aquellos que permitan adoptar una actitud crítica ante el mundo, tomar conciencia del mismo, interesarse por comprender sus dinámicas y problemas, compartir y sentir con los demás, confiar en el apoyo mutuo, y actuar de acuerdo con criterios de justicia y solidaridad en su transformación. Un conjunto de valores que no pueden ser aprendidos solo mediante la reflexión y que requieren ambientes de aprendizaje y convivencia impregnados precisamente de dichos valores.







Extraído de
Educación y ciudadanía en sociedades democráticas: hacia una ciudadanía colaborativa
Miquel Martínez Martín
En
EDUCACIÓN, VALORES Y CIUDADANÍA
Bernardo Toro y Alicia Tallone
Coordinadores

lunes, noviembre 19, 2012

La función democratizadora de la escuela

Todos coincidimos en la necesidad de ingresar al camino de la Calidad Educativa, y eso significa mucho más que aprendizajes de “materias básicas”. Un lugar privilegiado ocupa el aprender a convivir, en forma democrática. Para lograrlo ¿Qué escuela debemos tener?



A partir del informe de la Unesco, aprender a convivir comienza a ocupar un lugar entre las preocupaciones de las políticas educativas y esta nueva preocupación excede la perspectiva academicista de la concepción moderna que pensó la escuela. Tras el profundo cambio de los marcos tradicionales de la existencia operados en los últimos tiempos, el informe señala que surge una nueva obligación, que nos exige aprender a vivir juntos; esta obligación conlleva la necesidad de conocer mejor a los demás, su historia y sus tradiciones. La señala como una preocupación relevante y la enmarca como un aprendizaje para todos. A vivir juntos, a convivir con otros, se aprende. Y la escuela debe comprometerse sistemática y reflexivamente en este aprendizaje.


Esta preocupación se alimenta además en la necesidad de apoyar el proceso de desarrollo de los sistemas democráticos en nuestra región. La educación tiene un papel importante en dar forma a las interacciones entre los ciudadanos, para establecer valores y crear las condiciones que hagan posible instalar una cultura democrática, que ayude a la gobernabilidad. Para ello es necesario traspasar el currículo centrado en la educación cívica, en conocimientos y deberes, para transitar a otro en que la cultura ciudadana se centre en la participación y la responsabilidad. Es la escuela la que puede instalar un círculo virtuoso.



La educación tiene el potencial de lograr que la democracia se afiance en la base cultural de la sociedad, y esta es una posibilidad que no se debe desperdiciar. El desafío es establecer un círculo virtuoso entre institucionalidad política democrática y cultura política democrática a través de la educación.


La instalación de estos procesos ha tenido un gran avance en los países de la región y, si bien, por un lado, puede ser considerada como consolidada -especialmente en su aspecto de elección democrática-, por otro, tiene lugar junto a la persistencia de un atraso significativo en la ciudadanía civil y social, que se manifiesta, entre otros muchos aspectos, en un desigual acceso a la justicia y a la equidad, donde la exclusión de gran parte de la población es una realidad y un dato en permanente crecimiento. Para su transformación se necesitan ciudadanos activos, participativos y educados en la cultura democrática; necesitamos una convivencia reflexiva y hasta contracultural, que fortalezca un protagonismo relevante en su relación con los procesos de construcción de ciudadanía. Como lo manifiestan distintos enfoques, la democracia misma requiere de ciudadanos capaces y educados para influir sobre ella. Justamente, Giovanni Sartori 3 describe la democracia como una idea y señala que, a diferencia de las dictaduras -a las que caracteriza como fáciles, pues nos caen encima solas-, las democracias son difíciles y, para su vigencia efectiva, tienen que ser promovidas y creídas. Esta concepción recoge lo postulado por varios autores que piensan la democracia como forma de vida y no solo como forma de gobierno, lo que implica la necesidad de una ciudadanía activa, protagonista de los asuntos relacionados con el bien común.



El sistema democrático se apoya en la participación, entendida como acontecimiento voluntario, para que todas las voces de los ciudadanos puedan estar representadas, a fin de tomar las decisiones más justas y convenientes en función del bien común. Sin esta participación, la legitimidad de las instituciones decae y no se constituyen en representantes genuinas de todas las voces. Pero, como fue señalado, esto no se alcanza con una ciudadanía formal, asentada en una educación cívica con conocimientos sobre la constitución, las leyes, los poderes del Estado y los deberes del ciudadano, como recogían los programas educativos desde los comienzos del sistema educativo. Prevenidos de que la instauración de la democracia no se agota en el funcionamiento formal de las instituciones y de que una cultura democrática con valores específicos enraizados en la vida cotidiana es aún más un proyecto que una tarea cumplida, los sistemas educativos comienzan a reformular el acompañamiento desde la escuela y apostar fuertemente para pasar de una educación cívica a una educación para la ciudadanía, que requiere la ampliación misma de esta noción a otros aspectos sociales, políticos y culturales.


La antropóloga mexicana Rossana Reguillo Cruz advierte que los tres aspectos que reconoce Marshall en la ciudadanía (legal, política y social) presentan, en los hechos, terribles y dolorosas exclusiones, desigualdades e injusticias. Mientras la dimensión civil incluye por definición a todos los miembros de un territorio nacional, plantea que las evidencias empíricas señalan la extrema vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente al Estado nacional, por ejemplo los indígenas o los jóvenes. En el plano de la llamada ciudadanía política –agrega la situación no es mejor. Si esta dimensión se define por el derecho a la participación en los asuntos de interés colectivo, donde lo electoral es su piedra angular, está ampliamente documentado que en este nivel se agravan los procesos excluyentes, al dejar fuera del ámbito de las decisiones y de las participaciones a los sectores más vulnerables. La capacidad de estos sectores se ve reducida, en general, a la organización partidista y corporativa, que no logra admitir la esfera de las diferencias como elemento sustantivo para la decisión y la participación política. Señala que quedan así invisibilizadas las cuestiones de género y etnias, identidades juveniles entre otras. El voto, de esta manera, se convierte en una herramienta de legitimación y no de transformación. La ciudadanía social es, sin duda, la más golpeada de todas estas dimensiones. Hay consenso en considerar que en muchos países latinoamericanos las políticas económicas fortalecieron la lógica del mercado y debilitaron al Estado, reduciendo al mínimo las políticas públicas destinadas a brindar el acceso a ciertas garantías sociales. La pobreza y las precarias condiciones de salud pueden ser leídas como síntomas del repliegue del Estado, que abandona a su suerte a los sectores más vulnerables. Como bien pone en evidencia Reguillo Cruz, el pleno desarrollo de la ciudadanía muestra aún aspectos que deben ser contemplados, si pretendemos una instalación plena de los procesos democráticos.



De acuerdo con las consideraciones anteriores, se asume que uno de los más grandes desafíos del contexto de la crisis de la modernidad es la profundización de la democracia, a partir de su radicalización, como sostiene Jürgen Habermas, es decir, por un reclamo de más democracia y no de menos. Para esto, parece fundamental la creación de procedimientos que garanticen una participación autónoma y racional, como también instancias y espacios deliberativos y de toma de decisiones, que permitan incorporar en estos procesos a amplios sectores de la sociedad. Sin lugar a dudas, para que esta concepción de ciudadanía democrática participativa tenga plena vigencia en América Latina y no resulte ficticia, la formación ciudadana que debe brindar la escuela se convierte en un genuino reto.



En este marco, la convivencia entre adultos y niños y jóvenes, concebida como el dispositivo que constituye la institución educativa en su espacio social específico, hace posible el aprendizaje del patrimonio cultural y social por parte de las nuevas generaciones y se muestra singularmente potente para que los alumnos puedan acceder a una cultura ciudadana, que promocione los valores democráticos, la participación y la responsabilidad. Promocionar los valores que estarían en la base para conformar sociedades democráticas y plurales, puede ser un importante vector para orientar la función de la escuela. Y no hay manera de realizar esto si no es aprendiendo a vivir con otros, lo que conlleva vivir experiencias de acercamiento, de diálogo, de encuentro y desencuentro en el marco de un conjunto básico de valores y normas que hagan posible esa convivencia.



Extraído de
El desafío de la convivencia escolar: apostar por la escuela
Alicia Tallone
En
EDUCACIÓN, VALORES Y CIUDADANÍA
Bernardo Toro y Alicia Tallone
Coordinadores


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