domingo, febrero 26, 2006

Educación y gobernabilidad

Vivimos momentos de grandes cambios, originados en el campo económico y que han generado profundas crisis en todos los ámbitos. Las nuevas tecnologías expulsan mano de obra, y la globalización promueve tensiones que favorecen el traspaso de poder de los estados a los mercados. Esto se traduce en constantes presiones para aliviar la carga impositiva de las empresas, y así mejorar su competitividad, eso hace que los gobiernos tengan menos recursos, terminando en un incumplimiento de las promesas preelectorales, con un descrédito de la clase política y una dis-conformidad en la población en general.

Durante la década de los 70, la Comisión Trilateral (Estados Unidos, Europa Occidental y Japón) afirma que ante el problema de la gobernabilidad del sistema, los gobernantes debe usar mecanismos de carácter ideológicos o coercitivos, como por ejemplo la represión policial, de gendar-mería o cualquier otra forma de violencia física, como los regímenes militares dictatoriales en América Latina.

En este esquema conservador, la escuela se encarga del rol ideológico de legitimar las diferen-cias sociales y a la autoridad establecida, por su capacidad de reproducir las estructuras de la sociedad, o sea a hacer pasar como naturales las desigualdades.

Para continuar con estas políticas, los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, toman carta en el asunto, considerando a la gobernabilidad desde una visión restringida y elitista que la acota a la eficacia administrativa y de gerenciamiento del aparato del estado.

Para la visión conservadora de la gobernabilidad, los individuos son ciudadanos frente a la única institución que formalmente funciona: las elecciones, pero para otras concepciones es necesario adecuar nuevas formas de participación democrática de la población que permita ejercer una ciudadanía plena.

La visión restringida de gobernabilidad implica enfatizar la capacidad para propender a la legiti-mación y reproducción de las diferencias sociales que tiene la escuela, así como su capacidad para evitar la anomia social.
Por ello, en ciertos períodos históricos se ha privilegiado la permanencia de los alumnos en los establecimientos ante la adquisición de conocimientos socialmente válidos, pero debemos consi-derar que las políticas educativas, como todas políticas públicas son parte de un proyecto de dominación, y también son una arena de lucha y una plataforma importante para la sociedad civil.

Nuestro sistema educativo es un ejemplo de arma de doble filo para el grupo elitista que la delineó a principio del siglo XX, ya que los saberes adquiridos en la escuela por los sectores poster-gados se convirtieron en una herramienta que permitió tanto el ensanchamiento de la democracia como el ascenso de vastos sectores.
Pero la gobernabilidad democrática no solo es el producto de la facultad de un gobierno para ser obedecido, sino de la capacidad de todos los actores políticos para moverse dentro de determina-das reglas de juego, una especie de concertación, sin amenazas de rupturas que llenen de incertidumbre al conjunto de la sociedad.
Por lo tanto, podemos considerar que gobernabilidad es el desarrollo de un marco democrático que suponga la amplia participación de sectores populares en la resolución de problemas que plantea la crisis y la reestructuración productiva.

Esto exige volver la vista hacia el conjunto de los actores sociales y apostar a la capacidad de organización y articulación de demandas como mecanismos para posibilitar la participación ciudadana más allá del voto.
En este sentido el principal aporte a la gobernabilidad del sistema educativo es la capacidad de brindar sin exclusiones las competencias necesarias para un ejercicio pleno de la ciudadanía.

Por lo tanto, una educación hacia la gobernabilidad democrática debe abarcar tres dimensiones:
• Capacitar a los ciudadanos para hacer frente a la arbitrariedad política, o a la coerción organizada estatalmente.
• Preparar a las nuevas generaciones para establecer una participación plena de la ciudadanía.
• Formar a los ciudadanos para que sean capaces de organizarse por la demanda de aquellos bienes como la educación, la justicia, la seguridad que generen la posibi-lidad de una verdadera igualdad de oportunidades en pos de una mejor calidad de vida.

Fuente Daniel Filmus, Nora Gluz. Política Educacional. Universidad Nacional de Quilmas. Car-peta de trabajo. Febrero de 2000
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